En un comunicado en el marCo de los 51 años del Cordobazo la CGT Córdoba expreso que desde el comienzo de la Emergencia Sanitaria, la CGT Regional se ha pronunciado claramente a favor de todas las medidas sanitarias tendientes al cuidado de la salud de todos los argentinos.
Córdoba29 de mayo de 2020
Sures Noticias
Comunicado completo
Con la misma claridad ha rechazado todas las actitudes de aprovechamiento de la Emergencia para ir contra los derechos de los trabajadores, tanto de algunas patronales privadas como del propio Estado.
Al amparo de la paralización de la mayoría de las actividades, rápidamente se produjeron despidos, suspensiones y reducción o falta de pago de salarios, incluso por parte de algunas
empresas que recibían y en algunos casos siguen recibiendo subsidios del Estado Nacional y/o Provincial.
Testimonio de estas situaciones son los conflictos que llevan adelante trabajadores de alimentación, gastronómicos o del transporte urbano e interurbano de pasajeros que expresan una situación generalizada en
toda la actividad privada. En el ámbito del estado, son ejemplos de esta situación lo ocurrido con los trabajadores municipales, tanto de Jesús María como de la Capital que vieron afectados sus salarios. Y finalmente, el ataque a los actuales y futuros jubilados beneficiarios y aportantes de la caja de jubilaciones de la Provincia, afectados por la reciente Reforma Previsional. En la conmemoración del aniversario número 51 del Cordobazo, la CGT Regional Córdoba ratifica su apoyo a todas las medidas que buscan la preservación de la vida durante la Emergencia Sanitaria, su RESPALDO a todos los trabajadores en conflicto y su rechazo a cualquier ataque contra los derechos de los trabajadores, tanto de la actividad privada como del estado, activos o jubilados y resuelve llevar adelante durante la semana entrante, una jornada de defensa de los derechos de los trabajadores en coordinación con las Regionales de CGT de toda la Provincia.
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Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria recibió a representantes de colectivos que defienden a personas con cardiopatías congénitas, en respuesta al desguace del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas impulsado por el Gobierno. La reunión se centró en trazar planes de acción, incluyendo la citación al ministro de Salud, Mario Lugones, para que explique la desvinculación de tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados que coordinaban el área a nivel nacional.
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En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
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Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.