En un comunicado en el marCo de los 51 años del Cordobazo la CGT Córdoba expreso que desde el comienzo de la Emergencia Sanitaria, la CGT Regional se ha pronunciado claramente a favor de todas las medidas sanitarias tendientes al cuidado de la salud de todos los argentinos.
Córdoba29 de mayo de 2020
Sures Noticias
Comunicado completo
Con la misma claridad ha rechazado todas las actitudes de aprovechamiento de la Emergencia para ir contra los derechos de los trabajadores, tanto de algunas patronales privadas como del propio Estado.
Al amparo de la paralización de la mayoría de las actividades, rápidamente se produjeron despidos, suspensiones y reducción o falta de pago de salarios, incluso por parte de algunas
empresas que recibían y en algunos casos siguen recibiendo subsidios del Estado Nacional y/o Provincial.
Testimonio de estas situaciones son los conflictos que llevan adelante trabajadores de alimentación, gastronómicos o del transporte urbano e interurbano de pasajeros que expresan una situación generalizada en
toda la actividad privada. En el ámbito del estado, son ejemplos de esta situación lo ocurrido con los trabajadores municipales, tanto de Jesús María como de la Capital que vieron afectados sus salarios. Y finalmente, el ataque a los actuales y futuros jubilados beneficiarios y aportantes de la caja de jubilaciones de la Provincia, afectados por la reciente Reforma Previsional. En la conmemoración del aniversario número 51 del Cordobazo, la CGT Regional Córdoba ratifica su apoyo a todas las medidas que buscan la preservación de la vida durante la Emergencia Sanitaria, su RESPALDO a todos los trabajadores en conflicto y su rechazo a cualquier ataque contra los derechos de los trabajadores, tanto de la actividad privada como del estado, activos o jubilados y resuelve llevar adelante durante la semana entrante, una jornada de defensa de los derechos de los trabajadores en coordinación con las Regionales de CGT de toda la Provincia.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
La identificación fue efectuada por el Equipo Argentino de Antropología Forense utilizando restos óseos hallados en una fosa de inhumación clandestina situada en las instalaciones del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Argañaraz fue secuestrado en 1977 en la localidad de Monteros, en la provincia de Tucumán, junto a su hermano.
Gloria Cisneros recorre en moto los caminos de tierra entre Taco Pozo y el paraje La Sara para dar clases en la escuela rural “Don Carlos Arnaldo Jaime”, donde introdujo tecnología, paneles solares, conectividad e inteligencia artificial en un territorio sin agua potable ni servicios básicos; ahora compite por el Global Teacher Prize 2026 y proyecta construir una residencia estudiantil si gana el premio de un millón de dólares.
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El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.