
La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
Univoca respuesta de las entidades profesionales de la provincia de Córdoba ante el destrato hacia médicos e integrantes del equipo de salud en plena pandemia. La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de la Provincia de Córdoba (FEPUC) acompaña a su entidad miembro, Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, en su comunicado de apoyo a sus matriculados quienes enfrentan una imputación legal en el marco de la pandemia y durante una semana de decisiones políticas tristemente célebres.
Córdoba23 de mayo de 2020
Sures Noticias
Medidas de este tenor, ponen en la escena pública aspectos que todo el equipo de salud supera con profesionalismo y recursos propios, como ya hemos manifestado a las autoridades desde esta federación y remiten a responsabilidades de quienes deben capacitar, proveer equipos de protección personal y controlar el adecuado funcionamiento de todo el sistema; es por ello que tamaña medida judicial, no deja de sorprender y hacer que nos preguntemos a qué obedece este accionar tan veloz por parte de un fiscal.
Hacemos nuestras y de todos los colegios y asociaciones que conforman la federación, la preocupación manifestada por el Consejo de Médicos, respecto a la peligrosa estigmatización social hacia los equipos de salud, primera línea de combate de la pandemia y que ya cuenta con víctimas de la misma.
Ver ACÁ Comunicado del Consejo de Médicos. La peor noticia en el peor momento
Entidades nucleadas en FEPUC
Colegio de Ingenieros Agrónomos, Colegio de Agrimensores, Colegio de Abogados de Córdoba, Colegio de Arquitectos, Colegio de Biólogos, Colegio de Profesionales en Producción de Bioimágenes; Colegio de Bioquímicos; Consejo Profesional de Ciencias Económicas; Consejo Profesional de Ciencias Informáticas; Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios; Asociación de Enfermería; Colegio de Escribanos; Colegio de Farmacéuticos; Colegio de Fonoaudiólogos; Colegio de Geología; Colegio de Ingenieros Civiles; Colegio de Ingenieros Especialistas; Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas; Colegio de Maestros Mayores de Obras y Técnicos; Colegio de Martilleros y Corredores Públicos; Consejo de Médicos, Colegio de Nutricionistas; Colegio Odontológico; Colegio de Psicólogos; Colegio de Psicopedagogos; Colegio Profesional de Licenciados y Técnicos Universitarios en Química Industrial e Industrias Alimenticias; Colegio de Profesionales en Servicio Social; Asociación de Técnicos Universitarios de Laboratorio; Colegio de Técnicos Constructores Universitarios; Colegio de Traductores Públicos y Colegio de Médicos Veterinarios.
La imputación del La Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria
La Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES), en el marco de las actuaciones seguidas por el brote de Covid 19 registrado en la Residencia Geriátrica Santa Lucía de la Localidad de Saldán, dispuso la imputación del médico Lucas Figueroa por considerarlo incurso en la en la comisión del delito, encuadrable prima facie, en la figura de “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas” en calidad de autor, previstos en los artículos 45 y 202 del Código Penal. También fue imputado el Director Médico de la Residencia, Marcelo Santiago Lazaro, por considerar que habría incurrido en la comisión del delito de “propagación culposa de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”, agravada por el resultado de enfermedad y muerte, en calidad de autor. En los próximos días, se notificará a los imputados la fecha para recibir declaración indagatoria, al tiempo que continúan diligenciándose medidas investigativas. Cabe señalar que las imputaciones fueron adoptadas en el día de ayer (jueves), aunque recién este viernes se pudieron completar las notificaciones a los imputados.

La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.

La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.

La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.

Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.

La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.

En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.

La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.

El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.

La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.

El 23 de abril de 2026 comenzará en La Plata el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, en una causa que busca fijar responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado a 50 años del golpe.