Se trata de un proyecto de resolución presentado por la diputada de Juntos por el Cambio Camila Crescimbeni, en el marco de la semana mundial del parto humanizado, que apunta a ampliar los canales de denuncias en ese sentido para el cumplimiento de la ley.
"Las distintas medidas sanitarias implementadas, como protocolos de acción en hospitales y clínicas, no deberían ir en contra de los derechos consagrados. Toda mujer o persona gestante tiene derecho a un parto humanizado y a que se respeten sus derechos así como los de su hijo/hija como sostiene la Ley 25.929/04", expresó la legisladora.
En un comunicado de prensa, Crescinbeni recordó que en Argentina, el derecho a un parto respetado está garantizado en la Ley 25.929 sancionada y promulgada en 2004 y reglamentada en 2015 y defiende los derechos de las personas que estén por dar a luz, así como los derechos de los recién nacidos y sus familias al momento del trabajo de parto, parto y post parto.
Si bien la mayoría de las provincias adhieren a la mencionada Ley Nacional y registran progresos en materia de violencia obstétrica, la diputada recordó que en la provincia de Buenos Aires, en Catamarca y Formosa "no existe la adhesión de manera explícita ni otra ley similar sancionada". âÂÂÂÂ
"Es fundamental trabajar en este sentido, ya que la correcta implementación de la ley garantizará los derechos reconocidos en la misma, especialmente a los grupos vulnerables, reflejando la voluntad y política de los gobiernos a velar por los derechos las personas gestantes y de sus bebés antes, durante y después del parto", apuntó Crescimbeni.
Según la diputada, y si bien en los últimos años se han logrado grandes avances en materia de garantía de derechos en los servicios de salud, "se siguen registrando denuncias por violencia obstétrica".
Recordó que, de acuerdo a informes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires (2017) se registran más de 110 denuncias vinculadas a la vulneración de derechos durante el embarazo y el parto, donde el 54% de estas presentaciones corresponde a hechos ocurridos en hospitales públicos y el 46% al sector privado.
El proyecto lleva las firmas además de los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Josefina Mendoza, Gisela Scaglia, Jimena Latorre, Martín Maquieyra, Leonor Martínez Villada, Mercedes Joury, Dina Rezinonovsky, Hernán Berisso, Adriana Cáceres, entre otros.
