El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) de Córdoba repudió hoy "las unilaterales y autoritarias medidas" adoptadas por la comuna de la capital provincial, que, dijo, afectan "como nunca antes derechos laborales ante el pretexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio", y ratificó el quite de colaboración, el trabajo a reglamento y la retención de servicios.
Córdoba14 de mayo de 2020
Sures Noticias
Un comunicado gremial aseguró que esas decisiones son "arteras y cobardes" y sostuvo que "la grave pandemia que azota a la Argentina impide al sindicato la convocatoria a medidas de fuerza" que "llegarán", pero advirtió sobre acciones legales y administrativas.
Los reclamos y el repudio fueron dirigidos en una carta al presidente del Concejo Deliberante de Córdoba, Daniel Passerini, informó el gremio.
El Suoem explicó que hay proyecto de Ordenanza oficial para garantizar "la sostenibilidad de los recursos municipales para afianzar servicios esenciales" y adoptar medidas de "reestructuración" que tengan "el menor impacto en la administración" y otras precisiones ante "los procesos judiciales contra la comuna".
Según el gremio, la municipalidad provincial dispuso "la inembargabilidad de los fondos públicos" y solicitó a los ediles la aprobación del proyecto que sobre la reorganización administrativa dispone "un aporte voluntario de los funcionarios" y "una reducción de salarios y adicionales por jerarquización de las autoridades y personal superior jerárquico". Añadió que se estableció una jornada laboral de 6 horas equivalente a 30 semanales, lo que significará, alertó, "una importante reducción proporcional del salario básico del cargo y de los adicionales".
Además, dijo el gremio, la iniciativa comunal contempla que el personal de categorías superiores (03) realizará 7 horas diarias o 35 semanales -pasibles de ser reducidas a 30- lo que importará "una significativa baja proporcional del ingreso básico", afirmó.
Y que los pronunciamientos judiciales contra el municipio o entes y organismos que condenen al pago de dinero "serán satisfechos en el contexto de las autorizaciones de partidas anuales para realizar respectivos gastos" o "se incluirán en el ejercicio siguiente".
Además, el gremio repudió la facultad a la comuna a reestructurar al personal de planta permanente y no permanente para racionalizar "las estructuras, suprimiendo o congelando cargos conforme a las necesidades del servicio, y a limitar los interinatos vigentes".
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.