Napalpí

En el día de ayer en sede de Tribunales Provinciales II, se realizó una presentación de acción judicial de un Hábeas Corpus preventivo, llevada adelante por Eugenia Scarpinello, abogada y militante por los DDHH, quien fuera intimidada por fuerzas policiales provinciales en ocasión del ejercicio de su trabajo profesional.

La Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba expresó en un comunicado su profunda preocupación y rechazo al hostigamiento y persecución de las que fueron víctimas la Decana, Mariela Parisi y profesoras de la Cátedra de Producción Gráfica, cuando se publicó el Trabajo Práctico propuesto a estudiantes sobre la cobertura periodística de la próxima Marcha Federal Universitaria.

El evento se llevó a cabo en el museo de Antropología, de 15 hs a 20 hs, en Córdoba. El mismo estuvo organizado por la Red de DDHH en contexto de encierro Córdoba, red que se gestó en el año 2023, conformada por diversas organizaciones sociales, familiares de detenidos y espacios universitarios que trabajan con el tema pertenecientes a la universidad Nacional de Córdoba.

La comunidad educativa protagonizó una inédita jornada en rechazo al ajuste presupuestario dispuesto por el gobierno de Milei. Estiman que se movilizó un millón y medio de personas a lo largo y ancho de la Argentina.

En Córdoba se llevaron adelante manifestaciones en distintos lugares de la provincia: Córdoba Capital, Villa Maria, Río Cuarto, Alta Gracia, entre otras. En capital la multitud llego a Plaza Tosco y luego de la lectura del documento se extendió la jornada de lucha. Multitudes congregadas en las grandes y medianas ciudades del país, donde están afincadas la mayoría de las 57 universidades nacionales, salieron a las calles y a las plazas para aunar su voz en defensa de la educación y la ciencia públicas y en contra de la licuadora y la motosierra que la administración encabezada por Javier Milei aplica al sistema universitario argentina.

El fiscal Fabián Canda consideró que debía admitirse la acción de amparo interpuesta por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de obtener datos sobre la normativa que regula las misiones, funciones, estructuras y actividades de inteligencia criminal de las cuatro fuerzas de Seguridad federales.