Los incidentes ocasionados por la policía se produjeron en las inmediaciones del Ministerio de Capital Humano. "No nos dejan manifestarnos", afirmó el dirigente del PO, Eduardo Belliboni. Durante la jornada, están previstos 500 cortes de rutas y movilizaciones en todo el país.
La ministra afirmó que el protocolo de orden público tiene vigencia "en todas las áreas federales del país" y ratificó la intención del gobierno de "actuar para que se erradique al piquete como forma de marcha o extorsión". "El que corta y tiene un plan (social), no cobra", dijo. Numerosas organizaciones políticas, gremiales y de DDHH repudiaron el protocolo de orden público.
Diferentes espacios políticos, defensores de DDHH, gremialistas y abogados constitucionalistas realizarán un acto, el próximo jueves, frente al Congreso de la Nación, para exigir que se lleve a cabo un juicio político al presidente Javier Milei, luego de que ayer, durante la apertura de sesiones ordinarias hubo cacerolazos y se produjo un enfrentamiento y ataque al diputado Facundo Manes (UCR).
En medio de los días en que el Gobierno utilizó la muerte de la niña Kim en La Plata para destacar una posible intervención en la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Capital Humano desató una nueva ola de miles de despidos, afectando en gran medida al área de Niñez y Adolescencia.
Será este lunes 3 de marzo en una audiencia pedida junto a CAREF y SMJ en la que se informará a la Comisión sobre los impactos negativos que tuvieron las medidas tomadas por el gobierno que afectan a las políticas de asilo.
En medio de la incertidumbre que generó el anuncio del Grupo Clarín de la compra de Telefónica. «Merecemos estar al tanto de nuestro futuro», señalaron desde la CONSITEL, la Confederación que nuclea a los gremios de las telecomunicaciones.
La disposición ordenaba al Ejecutivo abstenerse de despedir al personal de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y detener la eliminación de programas vinculados a esta área. Sin embargo, los jueces determinaron que dicha orden representa una "intervención indebida del Poder Judicial en ámbitos que son competencia exclusiva del Ejecutivo".
Los sindicatos han rechazado el esfuerzo del Gobierno por aprobar el acuerdo con el organismo internacional a través de un DNU, eludiendo así el debate en el Parlamento.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad relevó que el 17% de las 338 sentencias dictadas desde la reapertura de los juicios incluye condenas por los tipos penales relacionados con agresiones sexuales a las víctimas del terrorismo de Estado.
En sintonía con la predica de Milei, que impulsa que el Congreso Nacional acelere la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. El gobierno de LLaryora a través de la Legislatura Unicameral de Córdoba aprobó una nueva ley de procedimiento penal para menores involucrados en delitos.