El COE dispuso la reapertura de dos rubros comerciales en zona blancas. Deberán aplicar los protocolos de bioseguridad sanitaria respectivos.
Córdoba07 de mayo de 2020
Sures Noticias
En la reunión plenaria del COE Central se decidió, luego de analizar la situación epidemiológica, habilitar en 369 localidades de las zonas blancas las actividades comerciales de peluquería y quiniela, además de los rubros profesionales de nutricionistas y psicólogos.
Asimismo, en las 23 localidades que forman parte de la denominada zona roja flexibilizada se incorporan la atención profesional de nutricionistas y psicólogos.
En todos los casos, las nuevas excepciones entran en vigencia mañana viernes (8.5.20), aplicando los protocolos sanitarios respectivos.
Cabe señalar que estas medidas van en línea con el trabajo que se viene llevando a cabo, tendiente a incorporar de manera progresiva diferentes sectores a la actividad, tal como sucedió en la jornada de ayer, con 250 industrias y la habilitación de las sedes judiciales en zonas blancas.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La identificación fue efectuada por el Equipo Argentino de Antropología Forense utilizando restos óseos hallados en una fosa de inhumación clandestina situada en las instalaciones del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Argañaraz fue secuestrado en 1977 en la localidad de Monteros, en la provincia de Tucumán, junto a su hermano.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
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Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
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