El secretariado nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) declaró el "estado de alerta" debido a la falta del pago de salarios de los trabajadores del interior del país, a la espera de una reunión conciliadora que se realizará hoy, a partir de las 11.30, en el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Argentina07 de mayo de 2020
Sures Noticias
"Después de más de veinte días de negociaciones y tres audiencias en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación, y pese a las reiteradas advertencias de la inminente problemática salarial, se nos ha informado la negativa empresaria a hacer frente a los salarios del pasado mes de abril", informó la UTA a través de un comunicado con la firma de su secretario general, Roberto Fernández.
En ese sentido, apuntaron que "tal posicionamiento de nuestros empleadores, además de ser ilegítimo, ofende, atenta y agrava la situación existente, de trabajadores que han prestado tareas durante todo el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio" frente al coronavirus.
"Repudiamos y rechazamos fervientemente la postura de las empresas y de las autoridades de transporte nacional y provinciales, quienes por su inacción permiten que se vulneren seriamente los derechos alimentarios básicos de nuestros compañeros", remarcaron los sindicalistas de la UTA.
En ese marco, la conducción sindical de los choferes del transporte de pasajeros denunció que en el sector "existe una inmensa preocupación ante la falta de pago de salarios, que es nada menos que el sustento de 35.000 familias del transporte de pasajeros del interior del país" y es por esa postura patronal que "declaramos el estado de alerta", hasta la audiencia a realizarse hoy.
Finalmente, la conducción de la UTA advirtió: "Dejamos en claro que ante cualquier ilegítimo proceder que signifique conculcar los derechos de nuestros compañeros, ello merecerá la respuesta inmediata por esta organización gremial que representamos".
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El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
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La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
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