Vecinos y vecinas de Córdoba, sin identificación, convocan por la redes sociales a manifestarse mañana 14 de enero en plazas de la ciudad contra los tarifazos de luz y agua impuestos por el Gobierno de la Provincia. Desde sectores del kirchnerismo duro fogonean por abajo la actividad, incluso ponen el acento que no debe tratarse de una manifestación contra la empresa EPEC , sino contra el Gobierno Provincial para contrarrestar que sectores privatistas desvirtúen el reclamo.
Córdoba13 de enero de 2020
Sures Noticias
Consultadas fuentes del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba (en off), manifestaron que el gremio no es parte del la convocatoria, la mira con simpatía y están preparando una serie de acciones contra los tarifazos.
Desde voces del kirchnerismo local hace una semana el actual Diputado Nacional Eduardo Fernandez, en declaraciones periodisticas, había pedido timidamente que Schiaretti se sume al congelamiento de tarifas propuesto por el Gobierno de Alberto Fernández " Tengo la esperanza de que congele las tarifas provinciales..." dijo Fernandez al diario La Nueva Mañana.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.