La iniciativa presentada el viernes 29 de noviembre en Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba corrió por cuenta de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba y la Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares, integrantes del Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos - Córdoba.
Córdoba03 de diciembre de 2019
Sures Noticias
"La presentación en Tribunales Federales es una querella por delitos de Lesa Humanidad contra el actual gobierno de facto de Bolivia, denunciando los crímenes llevados a cabo a partir del golpe contra el Estado Plurinacional de Bolivia y contra su legítimo presidente, Evo Morales". Sostuvieron lxs impulsores de la iniciativa.
En esta denuncia penal por delitos de Lesa Humanidad cometidos por los golpistas y la dictadura boliviana, se presentaron como querellantes en la Fiscalía Federal 2 de Córdoba, a cargo de Vidal Lascano, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba y la Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares, con el abogado Rafael Ortiz como patrocinante, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, Colectivo Más Democracia, Ex Presos Políticos por la Patria Grande, ciudadanos bolivianos residentes en Córdoba, Casa Nuestra América, Unión Obrera Gráfica Cordobesa, Sindicato de Ladrilleros (UOLRA), Partido de la Liberación, residentes de Ecuador, TUPAC,y Feministas Humanista, entre otrxs.
El próximo viernes 6 de diciembre, a las 18 hs. se realizara una gran marcha desde Colón y General Paz, con todos los colores y expresiones culturales de los pueblos de pie y en lucha, quienes se manifestaran en defensa de las democracias y no a los golpes de estados en la región.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
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Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.