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Diversas organizaciones sociales y políticas, entre ellas el Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba, repudiaron públicamente el nuevo Estatuto Orgánico de la Policía Federal Argentina (PFA), aprobado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través del Decreto 383/2025. El texto fue publicado en el Boletín Oficial el 16 de junio y redefine el rol de la fuerza, otorgándole amplios poderes operativos sin control judicial.
Entre los puntos más cuestionados se encuentra el cambio de misión de la PFA: deja de estar orientada a la protección de personas y bienes, para transformarse en un cuerpo abocado a la “seguridad nacional”. En esa línea, se la habilita a intervenir de forma “espontánea” en casos de delitos flagrantes, incluyendo manifestaciones públicas, sin necesidad de requerimiento judicial.
El nuevo marco normativo también autoriza a la PFA a realizar allanamientos, requisas y detenciones sin orden judicial, a efectuar tareas de inteligencia criminal por fuera de la Ley de Inteligencia Nacional N.° 25.520, y a realizar ciberpatrullajes en redes sociales y otros entornos digitales sin control externo. Además, podrá acceder y generar bases de datos propias a partir de fuentes públicas y privadas, y presentar pruebas directamente al Ministerio Público o a los jueces, sin intervención previa del Poder Judicial.
Organismos como la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) advierten que se trata de una ampliación sin precedentes de las facultades policiales, lo que “reduce las garantías constitucionales” y habilita un esquema de vigilancia y represión que, según denuncian, ya se refleja en el aumento de casos de gatillo fácil y detenciones arbitrarias.
La diputada nacional Mónica Macha (Unión por la Patria) presentó un proyecto para anular el decreto, señalando que este “viola principios esenciales del Estado de Derecho” y consolida un modelo de “autogobierno policial” incompatible con el control civil que exige el orden constitucional. En particular, cuestionó los artículos que permiten el espionaje sin autorización judicial y que impiden que la jefatura de la fuerza sea ejercida por un civil.
Desde el Frente de Izquierda también presentaron un proyecto para derogar el decreto. Según sus legisladores, la norma busca “construir un verdadero Estado policial” con herramientas que recuerdan prácticas represivas previas, como las detenciones por publicaciones en redes sociales durante la gestión de Bullrich en el gobierno de Mauricio Macri. Citaron el caso de Nicolás Lucero, detenido por publicar una canción en Twitter, como ejemplo del uso discrecional de las facultades que ahora se pretenden ampliar.
El Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba sostuvo que “no se construye convivencia democrática sobre la base del espionaje y la represión a la disidencia”, y exigió la inmediata derogación del decreto. “Este avance normativo no es aislado: se suma al protocolo represivo vigente desde diciembre de 2023, al intento de reformar el Código Penal y a la habilitación para que civiles porten armas semiautomáticas. Todo apunta a consolidar un Estado policial en un contexto de creciente protesta social”, alertaron.
Las organizaciones convocantes llamaron a mantenerse en estado de alerta y movilización frente al avance represivo del Gobierno, y denunciaron que el nuevo estatuto “blinda de impunidad” a las fuerzas de seguridad mientras limita cada vez más las libertades civiles.
