Organizaciones de derechos humanos, legisladores y referentes del campo popular advierten que el Decreto 383/2025 otorga facultades discrecionales a la Policía Federal Argentina y representa un grave retroceso democrático. Entre ellas CORREPI y el Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba.
Argentina19 de junio de 2025
Sures Noticias
Diversas organizaciones sociales y políticas, entre ellas el Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba, repudiaron públicamente el nuevo Estatuto Orgánico de la Policía Federal Argentina (PFA), aprobado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través del Decreto 383/2025. El texto fue publicado en el Boletín Oficial el 16 de junio y redefine el rol de la fuerza, otorgándole amplios poderes operativos sin control judicial.
Entre los puntos más cuestionados se encuentra el cambio de misión de la PFA: deja de estar orientada a la protección de personas y bienes, para transformarse en un cuerpo abocado a la “seguridad nacional”. En esa línea, se la habilita a intervenir de forma “espontánea” en casos de delitos flagrantes, incluyendo manifestaciones públicas, sin necesidad de requerimiento judicial.
El nuevo marco normativo también autoriza a la PFA a realizar allanamientos, requisas y detenciones sin orden judicial, a efectuar tareas de inteligencia criminal por fuera de la Ley de Inteligencia Nacional N.° 25.520, y a realizar ciberpatrullajes en redes sociales y otros entornos digitales sin control externo. Además, podrá acceder y generar bases de datos propias a partir de fuentes públicas y privadas, y presentar pruebas directamente al Ministerio Público o a los jueces, sin intervención previa del Poder Judicial.
Organismos como la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) advierten que se trata de una ampliación sin precedentes de las facultades policiales, lo que “reduce las garantías constitucionales” y habilita un esquema de vigilancia y represión que, según denuncian, ya se refleja en el aumento de casos de gatillo fácil y detenciones arbitrarias.
La diputada nacional Mónica Macha (Unión por la Patria) presentó un proyecto para anular el decreto, señalando que este “viola principios esenciales del Estado de Derecho” y consolida un modelo de “autogobierno policial” incompatible con el control civil que exige el orden constitucional. En particular, cuestionó los artículos que permiten el espionaje sin autorización judicial y que impiden que la jefatura de la fuerza sea ejercida por un civil.
Desde el Frente de Izquierda también presentaron un proyecto para derogar el decreto. Según sus legisladores, la norma busca “construir un verdadero Estado policial” con herramientas que recuerdan prácticas represivas previas, como las detenciones por publicaciones en redes sociales durante la gestión de Bullrich en el gobierno de Mauricio Macri. Citaron el caso de Nicolás Lucero, detenido por publicar una canción en Twitter, como ejemplo del uso discrecional de las facultades que ahora se pretenden ampliar.
El Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba sostuvo que “no se construye convivencia democrática sobre la base del espionaje y la represión a la disidencia”, y exigió la inmediata derogación del decreto. “Este avance normativo no es aislado: se suma al protocolo represivo vigente desde diciembre de 2023, al intento de reformar el Código Penal y a la habilitación para que civiles porten armas semiautomáticas. Todo apunta a consolidar un Estado policial en un contexto de creciente protesta social”, alertaron.
Las organizaciones convocantes llamaron a mantenerse en estado de alerta y movilización frente al avance represivo del Gobierno, y denunciaron que el nuevo estatuto “blinda de impunidad” a las fuerzas de seguridad mientras limita cada vez más las libertades civiles.
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Lo dispuso la jueza federal María Servini a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).
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La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) aseguró que el supuesto incremento salarial del 7,5 % anunciado por el Ministerio de Capital Humano ya había sido acordado previamente con UPCN y aún no se aplicó. El único cambio es un bono único de 25 000 pesos por dedicación completa, y se ratificó el paro hasta el viernes.
Este miércoles se reunirán para dictaminar cinco pedidos de informes sobre el brote que ya suma más de 90 víctimas fatales en cuatro provincias. El tema había fracasado la semana pasada en el recinto por falta de quórum
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Una desarrolladora marplatense creó un juego gratuito donde el jugador recolecta especies marinas con el ROV SuBastian y esquiva “motosierras” que simbolizan los recortes presupuestarios. La propuesta busca homenajear a la investigación y denunciar el ajuste al sector científico.
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No hay fumata aún. Se viven horas frenéticas en el alicaído espacio K en Córdoba hacia el cierre de las listas de candidatas y candidatos a diputados nacionales con la cual pretenden oponerse a Milei. En el ring, por un lado, la alternativa y expectativa de resurgimiento que representa en la militancia Coti San Pedro como cabeza de lista, y por el otro lado la pretensión repetitiva de encabezar de Pablo Carro, que expresa la continuidad de la caída sin fin y el ostracismo del espacio. Todo ello tironeado por la eventual fuga de votos hacia la opción neocordobesista que encara Natalia De La Sota.
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