Gremios de Buenos Aires han anunciado que están organizando acciones de protesta debido a la posible "proscripción de la voluntad popular" que se prevé por parte de la Corte Suprema de Justicia. "Si atacan a Cristina, paramos todo", expresaron. Están buscando el apoyo de más organizaciones. En Córdoba habrá una reunion mañana, impulsada por el plenario sindical para evlauar la situacion en torno a una posible detencion de CFK.
Argentina09 de junio de 2025
Sures Noticias
Varios sindicatos, entre ellos los de metalúrgicos (UOM), mecánicos (SMATA), bancarios (La Bancaria), judiciales (FeSiTraJu), previsionales (Secafpi) y estatales porteños (ATE Capital), anunciaron un paro de actividades si la Corte Suprema confirma la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua a la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner.
La decisión se dio a conocer antes de una reunión de emergencia en la sede del PJ, donde se congregarán diputados de Unión por la Patria, intendentes, líderes sindicales y otros referentes sociales, en respuesta a la inminencia de un fallo judicial que podría afectar la participación de Kirchner en las próximas elecciones.
Durante el encuentro, se discute la posibilidad de organizar una gran movilización en caso de que la Corte ratifique la condena en la causa Vialidad, lo que podría forzar a Kirchner a abandonar el proceso electoral. Además, otros sindicatos están considerando unirse a posibles protestas.
Mario "Paco" Manrique, secretario adjunto del SMATA, expresó su preocupación por lo que considera una manipulación de la justicia para frenar la voluntad popular. Señaló que después del anuncio de la candidatura de Kirchner, hay quienes intentan influir en el proceso electoral desde el ámbito judicial.
El secretario general de la UOM, Abel Furlán, sostuvo que el movimiento obrero no descartará "ninguna medida de fuerza" ante lo que consideran una persecución política sobre Kirchner. Aseguró que la situación actual pone en riesgo la democracia.
La Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, destacó que "la democracia está en peligro" y criticó el fallo anticipado de la Corte como "un pedido a la carta de los sectores de poder". Palazzo indicó que movilizarán a los trabajadores para resistir cualquier intento de persecución.
Desde ATE Capital, su líder Daniel Catalano afirmó: "Si va presa Cristina, declaramos el paro". Insistió en que no se trata de justicia, sino de proscripción.
Finalmente, los Judiciales de la FeSiTraJu se declararon en Estado de Alerta y Movilización, señalando que el fallo judicial responde a intereses económicos, mientras que el Secasfpi advirtió que cualquier acción contra Cristina resultará en una detención de actividades. Ambos coincidieron en que la situación actual representa una amenaza para la democracia en Argentina.
Córdoba
Mañana a las 17 hs en la Casa Histórica de la CGT, el plenario de centrales obreras y organizaciones politicas y sociales se reuniran para considerar convocatorias relacionadas con la grave situación que deriva de la posibilidad de la prisión de Cristina Fernandez.
El 23 de abril de 2026 comenzará en La Plata el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, en una causa que busca fijar responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado a 50 años del golpe.
El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.
La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
El 23 de abril de 2026 comenzará en La Plata el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, en una causa que busca fijar responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado a 50 años del golpe.