La Cámara de Apelaciones de Villa Dolores ha decidido modificar sustancialmente las imputaciones contra seis policías acusados por la muerte de Jonatan Romo, reduciendo los cargos de homicidio calificado por abuso de funciones a homicidio culposo por imprudencia y exceso en la legítima defensa.
Córdoba06 de junio de 2025
Sures Noticias
Esta decisión judicial, dictada el viernes 5 de junio de 2025, representa un giro significativo en un caso que ha generado conmoción social desde julio de 2022, cuando Romo falleció bajo custodia policial en la comisaría de La Falda, Córdoba. La resolución judicial ha sido rechazada por la querella, que representa a la familia de la víctima, anunciando su intención de apelar ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, argumentando que existen pruebas contundentes sobre la responsabilidad dolosa de los efectivos policiales.
Contexto del Caso: La Muerte de Jonatan Romo
Circunstancias del Incidente
El 10 de julio de 2022, Jonatan Romo, de 35 años, perdió la vida en la comisaría de La Falda tras ser detenido durante lo que se describió como una crisis nerviosa en el barrio Río Grande. El incidente se originó cuando un kiosquero llamó a la policía debido al estado de exaltación de Romo, quien tenía problemas de adicciones. Los efectivos policiales procedieron a reducir al hombre y, en lugar de trasladarlo a un centro de salud para recibir atención médica apropiada, lo llevaron directamente a la comisaría.
La autopsia oficial determinó que Romo falleció por asfixia mecánica, una conclusión que ha sido central en el desarrollo de la causa judicial. Esta determinación médico-forense fue realizada por un equipo del Poder Judicial de Córdoba, estableciendo con certeza que el deceso se debió al accionar de los policías intervinientes. Sin embargo, la defensa de los uniformados ha sostenido una hipótesis alternativa, argumentando que el fallecimiento estuvo vinculado con un "estado de intoxicación aguda".
Impacto Social y Consecuencias Institucionales
La muerte de Jonatan Romo causó dolor y conmoción no solo entre familiares y amigos de la víctima, sino también en toda la comunidad de La Falda. El caso generó repudio social significativo y tuvo consecuencias institucionales inmediatas, provocando la salida de tres altos jefes policiales. Este impacto institucional refleja la gravedad percibida del caso y la presión social para obtener justicia en un contexto donde las muertes bajo custodia policial son motivo de particular preocupación ciudadana.
Análisis de la Modificación de las Imputaciones
Los Policías Involucrados y Cargos Originales
El caso involucra a seis efectivos policiales que enfrentaban diferentes tipos de imputaciones según su participación en los hechos. Los sargentos Miguel Ángel Aguilera y Walter Geri, junto con los cabos Juan Pablo Zunino y Hernán Suárez, estaban originalmente imputados por homicidio calificado por abuso de sus funciones. Por su parte, el subcomisario Pablo Antonio Zárate y el agente Lucas Giménez enfrentaban cargos de encubrimiento agravado por no haber denunciado lo sucedido ni haberlo hecho constar en el libro de guardia.
En abril de 2024, el fiscal Raúl Ramírez había elevado a juicio a los seis policías por homicidio y encubrimiento en el crimen de Romo. Sin embargo, es relevante mencionar que Ramírez fue posteriormente removido de la causa e imputado por encubrimiento en un caso de narcotráfico que involucra a efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en Cruz del Eje, lo que añadió complejidad procesal al caso.
Fundamentos de la Decisión Judicial
La Cámara de Apelaciones de Villa Dolores hizo lugar al planteo de las defensas de los efectivos policiales, modificando sustancialmente la calificación legal de los hechos. Los camaristas determinaron cambiar las imputaciones de "homicidio doloso" a "culposo" por "imprudencia y un exceso en la legítima defensa". Esta decisión implica un cambio fundamental en la teoría del caso, pasando de considerar que los policías actuaron con intención de causar la muerte (dolo) a considerar que actuaron por negligencia o imprudencia, excediéndose en el uso de la fuerza dentro del marco de la legítima defensa.
Marco Legal del Exceso en la Legítima Defensa
El concepto jurídico de exceso en la legítima defensa está contemplado en el artículo 35 del Código Penal argentino y tiene características específicas que deben analizarse en el contexto de este caso. La doctrina establece que debe admitirse que hubo exceso en la legítima defensa si la desproporción en el modo de ejecución obedeció al estado de excitación del ánimo, que excluye que el procesado haya sido guiado por un espíritu de hostilidad propio del homicidio simple o calificado. En casos donde una persona es agredida por más de una persona y responde con fuerza desproporcionada que causa la muerte, puede configurarse este tipo de exceso, especialmente cuando la inferioridad de condiciones justifica inicialmente la respuesta defensiva pero resulta desproporcionada por el efecto mortal causado.
Reacciones y Perspectivas Procesales
Posición de la Querella
El abogado de la familia Romo, Gustavo Pérez, expresó su desacuerdo con la decisión judicial y confirmó que apelarán la medida a través de un recurso de casación extraordinaria ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Pérez argumentó enfáticamente que las pruebas en la causa demuestran que el deceso de Jonatan se debió a asfixia mecánica producida por el accionar de los policías, información que considera establecida "no con un grado de probabilidad sino de certeza". Esta posición de la querella refleja su convicción de que existe evidencia suficiente para sostener una imputación por homicidio doloso.
Situación Procesal Actual
Un aspecto relevante del caso es la situación de vacancia fiscal que se ha generado tras la salida de Raúl Ramírez. Según información proporcionada por Pérez, la Fiscalía General de la Provincia le comunicó que ya fue nombrado un nuevo fiscal, aunque precisó que "los plazos no corren" durante este período de transición. Esta situación procesal añade incertidumbre temporal al desarrollo de la causa, especialmente considerando que la querella planea apelar la reciente decisión.
Antecedentes Procesales
El expediente judicial había experimentado previamente interrupciones cuando el juez de control de primera instancia determinó que no existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones contra los policías6. Al retomar la investigación, el fiscal Ramírez incorporó nuevos elementos a la causa e insistió con el planteo de homicidio calificado y encubrimiento agravado por abuso institucional. Estos antecedentes muestran que el caso ha tenido un desarrollo procesal complejo, con diferentes interpretaciones sobre la suficiencia de la evidencia disponible.
La modificación de las imputaciones en el caso Jonatan Romo representa un punto de inflexión significativo en un proceso judicial que ha capturado la atención pública durante casi tres años. La decisión de la Cámara de Apelaciones de Villa Dolores de reducir los cargos de homicidio calificado a homicidio culposo por imprudencia y exceso en la legítima defensa refleja una interpretación específica de los hechos y la evidencia disponible, privilegiando la teoría de que los policías actuaron por negligencia rather than con intención dolosa.
Sin embargo, la firme oposición de la querella y su decisión de apelar ante el Tribunal Superior de Justicia indica que la controversia está lejos de resolverse. La tensión entre las diferentes interpretaciones de la evidencia médico-forense, particularmente respecto a la causa de muerte por asfixia mecánica, continuará siendo un elemento central en las próximas instancias judiciales. El caso mantiene su relevancia no solo por las circunstancias específicas de la muerte de Jonatan Romo, sino también por su potencial impacto en la jurisprudencia sobre el uso de la fuerza policial y la responsabilidad de los agentes del Estado en situaciones de custodia.
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