
La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
¡Frente a los muros y el abandono, puentes hacia la comunidad! Será la consigna de la misma para exigir políticas públicas y plena vigencia de la Ley Nacional de Salud Mental.
Córdoba27 de agosto de 2019
Sures Noticias
Las organizaciones convocantes publicaron un pronunciamiento como preambulo de la marcha:
Vivimos momentos críticos: a pocos meses que se cumpla el plazo histórico para la transformación del sistema de atención a la salud mental, comprometido por nuestro país para el 2020, luchamos contra políticas de gobiernos que en lo discursivo hablan de desmanicomialización, pero que en las prácticas se traducen en expulsión y abandono, en la ausencia casi total de dispositivos sustitutivos, en la ausencia de acompañamiento de las personas externadas, en ajuste presupuestario y en la continua precarización de las condiciones de trabajo.
Y también enfrentamos los ataques de sectores empresariales y corporativos de servicios privados de Salud Mental que aún hoy sostienen modelos manicomiales, que basan sus servicios en la insostenible idea de que el encierro y la segregación pueden llegar a ser terapéuticas. Este año, ante el tímido avance del Estado, "recomendando" pautas para la conversión de servicios de Salud Mental, han lanzado una intensa campaña de ataque al espíritu de la Ley.
Y todo en un contexto de pobreza, hambre y desocupación; de crisis económica, de políticas de ajustes y restricción de los derechos humanos, una crisis que también es política, ambiental y cultural. Un contexto marcado por un saqueo planificado que ha generado desigualdades, exclusiones y empeoramiento de las condiciones generales de vida de la sociedad. Con evidentes efectos en la salud mental de las mayorías.
Por eso frente a los muros del sistema manicomial en sus distintas expresiones, del modelo tradicional a las nuevas hegemonías cosificantes, y frente al abandono del ajuste y la falta total de apoyos; luchamos por levantar Puentes que tiendan procesos hacia la comunidad, hacia un sistema integrado de salud mental, hacia una Salud Mental de la Dignidad.
El 18 de octubre estaremos nuevamente en las calles. Luchando por los derechos a la salud mental, por la dignidad.

La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.

La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.

La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.

Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.

La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.

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Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.

El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.

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El 23 de abril de 2026 comenzará en La Plata el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, en una causa que busca fijar responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado a 50 años del golpe.