El gobierno de Javier Milei, en su afán de derechizar valores, anunció la implementación de un "nuevo" Servicio Militar Voluntario, destinado a jóvenes argentinos de entre 18 y 28 años. La iniciativa estará coordinada por el ministro de Defensa, Luis Petri, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y busca ofrecer una alternativa de formación y empleo para los jóvenes,
Argentina30 de mayo de 2025
Sures Noticias
Detalles del anuncio
Según lo comunicado oficialmente, el programa tiene como objetivo brindar capacitación y oportunidades laborales a jóvenes que deseen incorporarse de manera voluntaria a las Fuerzas Armadas. La propuesta se presenta como una herramienta y formación en valores, en línea con otras políticas de inserción juvenil.
Antecedentes y comparaciones
No es la primera vez que una medida de este tipo se anuncia en la Argentina. En 2019, Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, impulsó el “Servicio Cívico Voluntario en Valores”, orientado a jóvenes y coordinado por la Gendarmería Nacional. La misma Bullrich, ya como funcionaria del gobierno de Milei, retomó la idea en diciembre del año pasado, aunque con un enfoque más centrado en la formación cívica y la disciplina.
Críticas y debate político
El anuncio generó críticas desde la oposición y sectores especializados. El exministro de Defensa durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, Agustín Rossi, calificó la medida como “humo” y sostuvo que “anuncian algo que existe desde 1995. No hay nada novedoso. Se estableció por ley después de que Menem suspendiese el Servicio Militar Obligatorio como reacción ante la muerte del soldado Carrasco”. Rossi recordó además que en 2013 se creó el Programa de Certificación de Competencias Laborales para soldados voluntarios, en convenio con el Ministerio de Trabajo, y reclamó que “en lugar de anunciar cosas que existen, podrían aumentar los salarios de los actuales soldados voluntarios”.
El marco legal y la situación actual
El Servicio Militar Obligatorio fue suspendido en 1994, tras el caso Carrasco, y reemplazado por un sistema de voluntariado regulado por la Ley 24.429 de 1995. Desde entonces, las Fuerzas Armadas argentinas cuentan con soldados voluntarios, quienes reciben capacitación y un salario, aunque con condiciones y remuneraciones que han sido objeto de debate y reclamos gremiales.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
Gloria Cisneros recorre en moto los caminos de tierra entre Taco Pozo y el paraje La Sara para dar clases en la escuela rural “Don Carlos Arnaldo Jaime”, donde introdujo tecnología, paneles solares, conectividad e inteligencia artificial en un territorio sin agua potable ni servicios básicos; ahora compite por el Global Teacher Prize 2026 y proyecta construir una residencia estudiantil si gana el premio de un millón de dólares.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
La identificación fue efectuada por el Equipo Argentino de Antropología Forense utilizando restos óseos hallados en una fosa de inhumación clandestina situada en las instalaciones del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Argañaraz fue secuestrado en 1977 en la localidad de Monteros, en la provincia de Tucumán, junto a su hermano.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.