La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que preside Silvia Lospennato convocó a una reunión informativa para el martes al mediodía. Cabe recordar, que recientemente, a propuesta de Unión por la Patria, se votó una moción de apartamiento de reglamento para que se incluyera en el temario el proyecto de la diputada Gisela Marziotta que apunta a expulsar a los seis diputados libertarios involucrados en el escándalo. La moción fue rechazada por legisladores cómplices de las políticas negacionistas del gobierno libertario.
Argentina16 de agosto de 2024
Sures Noticias
La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja, que preside la macrista Silvia Lospennato, convocó para el próximo martes a la primera reunión informativa en la que se iniciará la discusión sobre los proyectos de ley para investigar la conducta de los seis diputados de La Libertad Avanza que visitaron el 11 de julio pasado a represores de la última dictadura militar presos en el penal de Ezeiza.
Este encuentro había sido pautado inicialmente para este jueves, pero la excesiva duración de la sesión especial que comenzó el miércoles impidió que dieran los tiempos para que se llevara a cabo, y hubo que reprogramar la cita para el martes próximo a las 12.
Unión por la Patria pretendía incorporar al temario de la fallida sesión del 7 de agosto pasado su proyecto de ley para crear una comisión especial investigadora de la visita de diputados liberales a genocidas, pero un acuerdo en la reunión de Labor Parlamentaria entre los referentes de los distintos bloques desactivó esta iniciativa y se propuso abordar la cuestión en la comisión encabezada por Lospennato.
El titular del bloque de UP, Germán Martínez, se mostró satisfecho con esa solución, aún siendo consciente que muchos de sus colegas de bancada querían llevar el proyecto directamente al recinto sin dictamen, pero era una votación en la que no tenía chances de ganar.
La actividad había sido gestada desde hace bastante tiempo atrás y fue organizada por el diputado entrerriano Beltrán Benedit, quien reclutó a cinco diputados de su bloque que participaron en un grupo de whatsapp junto con abogados defensores de la dictadura militar y la jueza Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura.
Los diputados implicados llevaron a la cárcel de Ezeiza el borrador de un proyecto de ley elaborado por el cura Javier Olivera Ravasi, hijo de un represor condenado y activista de derecha, que propone morigerar las condiciones de detención de los genocidas brindándoles el beneficio de la prisión domiciliaria.
En la visita participaron además de Benedit, otros diputados cercanos a la vicepresidenta Victoria Villarruel como Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Lourdes Arrieta.
Del traslado en combi hasta Ezeiza fue parte también Rocío Bonacci, aunque está desistió de ingresar al penal cuando se enteró en medio del viaje que el motivo era conversar con militares condenados por delitos de lesa humanidad.
Su versión se corroboró cuando salió a la luz la foto familiar de los diputados implicados con los genocidas: ella no estaba en el cuadro.
En la sesión del miércoles, diputados de Unión por la Patria, del Frente de Izquierda y el radical Pablo Juliano utilizaron cuestiones de privilegio para repudiar lo sucedido.
En el caso de la intervención del bonaerense de la UCR hubo una referencia explícita a Arrieta, quien anteriormente había intentado excusarse sobre su participación en el penal de Ezeiza al señalar que había sido llevada hasta allí “engañada”, al mismo tiempo que adujo que por su edad no conocía a los personajes que había ido a visitar, entre ellos Alfredo Astiz.
“Existe Google para fijarse quién fue Astiz y no tomarle el pelo al pueblo argentino diciendo que naciste en 1993. Yo nací en 1988 y tengo bien en claro quiénes fueron los genocidas que están encerrados en Ezeiza”.
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El dato se desprende de las 343 sentencias dictadas hasta hoy, desde el reinicio de los juicios en 2006. Un año antes la Corte Suprema había declarado la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. En la actualidad hay 14 juicios en curso y casi 400 procesados. Las personas privadas de la libertad son 612 y casi 500 permanecen en arresto domiciliario.
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