Tucumán: solicitaron condenas perpetuas y penas de hasta quince años de prisión para los acusados de la megacausa “Jefatura III”

El fiscal federal Pablo Camuña y la auxiliar fiscal Valentina García Salemí solicitaron anteayer la imposición de condenas perpetuas y de penas de hasta quince años de prisión para los 24 acusados de la megacausa “Jefatura III”, en el que se aborda la tercera parte del universo procesal de la causa "Jefatura de Policía de Tucumán", cuyo objeto son los crímenes de lesa humanidad que tuvieron como epicentro los centros clandestinos de detención que funcionaron en esa sede policial y en las instalaciones del exIngenio Nueva Baviera. Los imputados llegaron a juicio acusados por los delitos cometidos en perjuicio de 232 víctimas, de las cuales 84 continúan desaparecidas desde la época del terrorismo de Estado.

En su alegato, Camuña y García Salemí solicitaron penas de prisión perpetua para los exmilitares Augusto Leonardo Neme, Camilo Angel Colotti, Ramón Ernesto Cooke, Luis Edgardo Ocaranza y Mario Miguel Dursi, y también para los exagentes de la Policía de Tucumán Ricardo Sánchez, María Luisa Acosta de Barraza, Hugo Figueroa, Miguel Ángel Chaile, Guillermo Ugarte, Rolando Reyes Quintana, Olga Aguilar de Porcelo y Mario Senco.

También solicitaron la imposición de la pena de quince años de prisión para el exmilitar José Roberto Abba y el ex policía Ramón Jodar, y de 14 años de prisión en el caso del también expolicía Emilio Abec. Los demás pedidos de penas contemplaron a exagentes de la Policía de Tucumán: en los casos de Miguel Ángel Nieva, Segundo Acosta, Juan Luis Villacorta, Pablo Zárate y Miguel Ángel Venturino, los pedidos de penas fueron de 13 años de prisión. En tanto, para Alberto Rivero, Luis Rolando Ocaranza y Juan Carlos Soria, fueron de 10, 8 y 6 años de prisión, respectivamente. El acusado Manuel Vila falleció el mismo día en que comenzaba la discusión final, y Antonio Vercellone murió el mismo día de la segunda jornada de alegatos del MPF.  

Los representantes del Ministerio Público Fiscal también solicitaron que se oficie al Ministerio de Defensa de la Nación para que se ordene la baja deshonrosa de José Roberto Abba. De igual manera, requirieron que se notificase al Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán para que exonere de la policía provincial a Acosta de Barraza, Chaile, Jodar, Acosta, Zárate, Abec, Aguilar de Porcel, Nieva, Ocaranza, Rivero, Senco, Soria, Venturino y Villacorta. Por último, Camuña y García Salemi requirieron que se le imponga a los acusados el cumplimiento efectivo de las penas en una unidad penitenciaria. 

 La auxiliar fiscal Valentina García Salemí expuso sobre el carácter de crímenes de lesa humanidad de los delitos abordados en el proceso. Foto: Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán
El alegato del Ministerio Público Fiscal había comenzado en junio pasado. Allí se realizó un detalle pormenorizado de la prueba producida a lo largo del juicio, que permitió demostrar el lugar que ocupaban tanto la Jefatura como el Ingenio Nueva Baviera -que había cerrado sus puertas a la producción azucarera en 1966- en el esquema represivo de la provincia durante la última dictadura. El fiscal Camuña también hizo alusión a la existencia de un pacto de silencio entre los acusados para no brindar información sobre el paradero de las víctimas desaparecidas, señalando el daño de esa omisión, que -explicó- no solo afecta a los familiares de las víctimas sino también al esclarecimiento de los hechos por los cuales fueron llevados a juicio.

Camuña remarcó que, si bien gran parte de la evidencia documental fue destruida, a lo largo del debate se logró producir una vasta cantidad de pruebas “que han podido probar la materialidad de los hechos”. En ese sentido, destacó los 213 testigos que declararon ante el tribunal, que se sumaron a 65 testimonios recibidos en otros juicios y a casi un centenar más de testimonios incorporados por lectura; a ello se sumaron 107 habeas corpus originales de la época de los hechos, así como casi dos centenares de legajos de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) y de la Comisión Bicameral investigadora de la Legislatura de Tucumán, junto con denuncias presentadas en organismos internacionales de derechos humanos.

Asimismo, valoró fundamental la identificación pericial por el Equipo Argentino de Antropología Forense de 17 cuerpos o fragmentos óseos de las víctimas recuperados de la fosa común conocida como “Pozo de Vargas” y uno en el cementerio de la localidad de Choromoro.

Otro elemento ponderado por la fiscalía fue la documentación extraída de la Jefatura, recuperada por el testigo Juan Carlos Clemente entre 1977 y 1978 y conservadas hasta 2008, cuando las presentó ante el mismo Tribunal Oral en lo Criminal Federal tucumano en el marco de su testimonio en el juicio conocido como “Jefatura I”. Entre los archivos aportados por el testigo, calificados como “únicos en el país y de enorme relevancia histórica” por la fiscalía, figura un documento de inteligencia titulado “Índice de declaraciones de DS (delincuentes subversivos)” en el que aparecen enlistadas 293 personas que pasaron por el CCD “Jefatura”.

Junto a los datos personales de cada una aparece una triple anotación según el destino que la llamada comunidad informativa de inteligencia decidía darle a cada víctima: “PEN” (la “legalización” de su detención reconocida por el Poder Ejecutivo Nacional), “libertad” (cuando eran liberados sin ningún tipo de formalidad) y finalmente la sigla “DF” que significa “Disposición Final”, es decir que se había decidido su ejecución extrajudicial y el posterior ocultamiento de sus cadáveres.

Camuña también remarcó que el 65% de las víctimas eran jóvenes de entre 20 y 39 años, muchas de ellos con hijos al momento de sus secuestros, y que un 80% fueron secuestradas de sus hogares familiares, casi todos ubicados en las zonas urbanas tanto de la capital provincial como del Gran San Miguel de Tucumán. El representante del Ministerio Público Fiscal también puso el foco en que la mayoría de las víctimas pertenecían a tres grupos principales: obreros de la industria azucarera, funcionarios de la administración pública del gobierno depuesto y estudiantes universitarios. En los casos en que tenían militancia comprobada, correspondía a organizaciones sindicales, estudiantiles o barriales, así como en distintas ramas del peronismo y el radicalismo.

Durante su intervención, Camuña requirió al tribunal que todos los hechos de la causa sean considerados constitutivos de lesa humanidad, cuestión que fue reforzada por la intervención de la auxiliar fiscal García Salemi en la segunda jornada, antes del repaso pormenorizado de cada uno de los casos que componen el objeto del proceso.