Autovía de Punilla: Pretenden llevar a juicio a defensores socioambientales

La organización “Imputados de Punilla” difundió que, en la zona, 18 personas fueron imputadas por su activismo ambiental. Entre ellos, 7 enfrentan pedidos de elevación a juicio y 6 se encuentran en proceso de apelación. Todos en el contexto del rechazo a la construcción de la autovía de Punilla. En el proceso de elevación a juicio, la fiscalía desestimó las pruebas y los testigos presentados por los abogados de la defensa. El querellante en este caso es Gabriel Musso, quien hasta el año pasado fue intendente de la ciudad de Cosquín.

Cómo surge la causa
Gabriela Taborda Varela, es militante ambientalista de Santa María de Punilla, coordinadora de la Comisión de Ambiente de la Mesa de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba. Además, se desempeña como comunicadora social y psicóloga social. En comunicación con infoterritorial relató que el 13 de agosto del 2022, las asambleas de Punilla se habían organizado para realizar una charla y reunión en la Plaza San Martín, en Cosquín.

Ese día, Gabriela no participó de la asamblea, pero realizó la cobertura ante la llegada del entonces intendente. Relató que Gabriel Musso pasó por la plaza donde se encontaban los defensores ambientales y vecinos reunidos para debatir sobre la construcción ilegal de la autovía. En un acto que consideraron provocador, Musso se sentó en una confitería cercana, observando el encuentro.

Esto generó el repudio de los asambleistas. Taborda Varela recuerda que comenzó a registrar la situación. La respuesta fue una represión por parte de la infantería provincial, que incluyó agresiones físicas y el intento de detenciones y de quitarle a ella y a otros periodistas sus dispositivos. La represión continuó hasta que Musso se retiró del lugar.

“Se intentó tener un diálogo con el señor Musso. En ese momento yo me incorporo como comunicadora social a registrar este diálogo que se quiso llevar adelante con el señor Musso, pero como respuesta tuvimos represión por parte de la infantería provincial, nos reprimen, nos pegan. A mí como a otros compañeros periodistas nos quieren sacar nuestros dispositivos, yo en ese momento tenía el pelo largo con rastas, me las arrancaron. Me quieren sustraer mi tablet que es con la que yo estaba haciendo registros. (…) Había un compañero que la policía había sustraído su equipo y lo querían llevar detenido, entonces otros compañeros intentan liberarlo.”
El veloz dispositivo judicializador
La situación no terminó el día de la asamblea, sino que escaló al día siguiente. Pasadas 24 horas, comenzaron a llegar imputaciones a los domicilios de los involucrados. Gabriela no estaba en su casa cuando la buscaron, ya que se encontraba protegiendo el monte resistiendo el paso de las topadoras. La policía interpeló a su hija, insistiendo reiteradadmente en conocer donde se encontraba, lo que Gabriela denunció como acoso.

Cuatro patrulleros fueron al monte a buscarla, usando altavoces para pedir su paradero. La policía intentó detenerla, pero Gabriela logró contactar a su abogada, quien les informó que no era correcto el procedimiento y que ella iría a declarar acompañada. Finalmente, la policía dejó la notificación y Gabriela fue a declarar al día siguiente con su representante legal.

“(…)Cuando me van a buscar a mi casa, yo no estaba porque estábamos justamente en el monte, haciendo resistencia frente al paso de las topadoras. Entonces interpelan a mi hija, que les dice que no saben dónde estoy, pero ellos insisten, he denunciado el acoso que hicieron sobre mi hija. (…)Cuatro patrulleros van a buscarme y con altavoces piden mi paradero. (…) Me quieren llevar detenida, les pregunto por qué, entonces me dicen que en la unidad judicial me van a explicar.  Mis compañeros me sostienen para que no me lleven, entonces logro llamar a mi abogada, quien se pone en altavoz y les dice a los policías que no era correcto que me lleven detenida. También les dice que si tengo que ir a declarar lo voy a hacer acompañada por ella, entonces me dejan la notificación y al otro día con mi abogada vamos a declarar.”
Al banquillo por defender la naturaleza.

A finales del año pasado, se notificó a los imputados sobre la posibilidad de una elevación a juicio. En respuesta, los abogados presentaron pruebas y testigos para demostrar la inocencia de los acusados. Sin embargo, la fiscal desestimó tanto las pruebas como los testigos, afirmando que los acusados habían cometido un delito y solicitando la elevación a juicio, la cual se confirmó hace dos meses. Ante esta situación, los abogados presentaron una apelación en la ciudad de Córdoba, sorprendentemente fue aceptada en aproximadamente 48 horas.

La audiencia de apelación se trasladó a Villa Dolores, una ciudad distante de la residencia de los acusados. En esta instancia se espera que el juez observe que las acusaciones son ilegales y que no se ha cometido ningún delito. Además, que se considere que el proceso está viciado debido a la actuación de los jueces anteriores y la fiscal Paula Kelm, por no haber considerado las pruebas y testimonios presentados.

Las y los imputados están convocando a vecinos, vecinas, a las organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos para que los acompañen durante la audiencia. En caso de que el juez no esté a favor de los acusados, el juicio continuará en Cruz del Eje, con la posibilidad de que los acusados sean detenidos.

“Tengo 5 imputaciones, de las cuales 3 son penales. Todas por la resistencia a la construcción de la autovía, no por manifestarme en la calle, por ponerme frente a las topadoras para que no destruyan lo que ya destruyeron, que son sitios arqueológicos. Vivimos en Punilla, donde el 70% de los vestigios arqueológicos están asentados en ese cordón por donde hoy pasa la autovía”, señala preocupada Gabriela.

Por qué la resistencia 
La autovía de Punilla, en realidad es parte de una megaobra de ruta bioceánica internacional enmarcada en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y al Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) 

El programa IIRSA surgió en el año 2000, con el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA). Coordina acciones entre los 12 países sudamericanos. Su objetivo es planificar y desarrollar proyectos para mejorar la infraestructura regional en áreas como transporte, energía y telecomunicaciones, para facilitar el traslado de “materias primas” explotadas en diversos territorios. En resumen, una ruta para retirar al menor costo lo obtenido del saqueo de los territorios y los bienes comunes.

La construcción de la Autovía de Punilla representa un pequeño tramo del proyecto extractivista, impulsado por las pasadas gestiones nacionales, provinciales y municipales pasadas, hoy potenciado por el plan de primarización de la economía de Javier Milei 

Su construcción generó un fuerte conflicto socio-ambiental en la región. Las organizaciones asambleas y vecinos denuncian el desmonte, la afectación de bosques y el impacto sobre los cursos de agua. Se estima que serán afectados cerca del 30% de bosque de máxima conservación (zona roja) y otro porcentaje alto en zona amarilla. La autovía atraviesa reservas naturales provinciales y municipales, áreas que fueron creadas específicamente para la conservación de territorios y ecosistemas.

A su vez, cuestionan la destrucción de sitios arqueológicos, comunidades y barrios habitados por descendientes de pueblos indígenas, reforzando el negacionismo sobre la existencia de pueblos originarios en la zona.

Los activistas también observan que la construcción de la autovía ha facilitado el traslado de minerales extraídos de manera ilegal. Las empresas utilizan esta infraestructura para transportar materiales sin autorización de las autoridades provinciales o municipales, lo que ha generado preocupación entre los residentes locales. Los habitantes de la zona han observado el constante paso de camiones y camionetas cargados de material extraído, lo que confirma la actividad ilegal.

Otro problema que genera es la contaminación del agua. La extracción de piedra mediante detonaciones libera residuos tóxicos que terminan en los cursos de agua. Además, el agua utilizada para limpiar los materiales extraídos también se contamina, afectando arroyos, vertientes y ríos importantes de la región, como el río Yuspe en Cosquín y Santa María, señala Taborda Varela.

La velocidad de las obras contrasta con la lentitud de la Justicia en abordar estas denuncias y preocupaciones. India Henen, otra de las ambientalistas imputadas, manifiesta:”Si la llamada “Justicia” hubiera atendido nuestras denuncias y pedido de Amparo con Medida Cautelar, nuestras acciones y repudio no hubieran sido necesarias”.

Henen, a su vez, recalca que “el conflicto surgió a partir de que Gabriel Musso, ex Intendente de Cosquín, firmó el permiso de Uso de Suelo para el ilegal Proyecto de Autovía de Punilla, incumpliendo las leyes provinciales, nacionales e internacionales, como el Acuerdo de Escazú.”

“La lucha comenzó en 2016 cuando pretendían construir la Autovía de Punilla, por el este del río Cosquín. Pudimos frenarlo porque precisamente en Cosquín hay un yacimiento de uranio que podía contaminar el agua desde esa localidad hasta la Ciudad de Córdoba, por lo menos. Inmediatamente la reproyectaron por el oeste, ignorando todas las leyes ambientales, las cuencas de agua y las reservas naturales”
El 29 de julio se definirá si las y los defensores ambientales serán llevados a juicio. “Nuestros desafíos, hoy, son luchar contra la criminalización de la protesta y continuar oponiéndonos a las ilegalidades”, concluye India.

Fuente: Infoterritorial