Anuncian movilizaciones en Córdoba y en todo el país contra el proyecto de decreto para desregular las prestaciones por discapacidad

En el AMBA, la movilización será a las 11 en la Quinta presidencial de Olivos, mientras que habrá manifestaciones similares durante la mañana en las provincias de Santa Fe, Tucumán, Córdoba, Mendoza, San Juan y Salta.

En Córdoba, habrá manifestaciones tanto en la capital provincial -11:00 en Avenidas Colón y General Paz-como en Villa María -15:00 en Plaza Centenario-, Alta Gracia -11:00 en Plaza Sobres-, Río Cuarto (10:30 en Plaza Roca).

En Mendoza, la protesta se producirá a las 10:30 frente a la Legislatura Provincial (Patricias Mendocinas y Peatonal Sarmiento), mientras que en San Juan capital será a las 9:30 frente al Centro Cívico (Avenida Libertador entre las Heras y España) y en la provincia de Salta será en la ciudad capital del mismo nombre, a las 9:00 en el Monumento al General Martín Miguel de Güemes.

El proyecto de decreto
“El viernes 10 de mayo se dio a conocer un proyecto de decreto presidencial que establece que los organismos públicos financiadores de las prestaciones para las personas con discapacidad establecidas por la Ley 24.901 (obras sociales, prepagas y PAMI, entre otras) se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones (y no vinculante entre ellos) incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas”, dijeron en un comunicado desde este Foro integrado por 14 instituciones prestadoras entre las que se encuentran Vitra, Don Orione y Apadea, 

“Esta decisión va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga”, agregaron.

Esta decisión va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga”

Comunicado

Desde el Foro advierten que, “además de la desigualdad que implica esto, también se producirá una pérdida esencial en la calidad de vida de más de 200.000 personas con discapacidad”.

“De efectivizarse esta medida se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado -que tiene la administración del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las personas con discapacidad-, ya que da lugar a que cada organismo financiador establezca el arancel que le parezca o convenga”, agregaron.

En ese sentido, aseguran que el atraso de los aranceles –del orden del 100% en el transporte y del 45% para el resto de las prestaciones- “ha llevado a un desfinanciamiento y endeudamiento de los prestadores que están al borde del colapso”, lo que “puede pasar en el corto plazo si se publica dicho decreto”.