La Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba expresó en un comunicado su profunda preocupación y rechazo al hostigamiento y persecución de las que fueron víctimas la Decana, Mariela Parisi y profesoras de la Cátedra de Producción Gráfica, cuando se publicó el Trabajo Práctico propuesto a estudiantes sobre la cobertura periodística de la próxima Marcha Federal Universitaria.
Córdoba22 de abril de 2024
Sures Noticias
La Facultad de Comunicación de la UNC, señalo que desde la cuenta de X de un medio digital libertario (La Derecha Diario) se acusó a la Decana y a la cátedra de “adoctrinamiento”, tergiversando las consignas de la actividad.
Luego, esa información falsa fue retwiteada por la Secretaria general de la presidencia y el propio desvariado Javier Milei, lo que habilitó la escalada de odio e irracionalidad en esa red social, y distintos usuarios escondidos tras perfiles falsos comenzaron a republicar la identidad de las denunciadas.
La cobertura del hecho periodístico de la semana es, para nuestros alumnos, un ejercicio fundamental. Formamos periodistas, no twiteros, afirman desde sus cuentas oficiales la casa de estudios.
Agregan: Este hecho es gravísimo y atenta no solo contra la libertad de cátedra y la autonomía universitaria -banderas de nuestra Reforma del 18-, sino contra la integridad de los miembros de nuestra comunidad educativa.
Como profesionales y formadores de periodistas y comunicadores sociales rechazamos el acoso y las injurias. La trayectoria de nuestra Facultad se cimienta en la formación crítica de sus estudiantes y egresados comprometidos con la verdad, la justicia y la trasformación social en pos de un mundo mejor.
Por último señalan que "Somos parte de una Universidad con más de 400 años de historia, garantizando la educación pública y la producción social, cultural, científica y tecnológica".
Las autoridades y docentes de la facultad, recibiernon numerosas muestra de apoyo y repudio al ataque.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que encabeza el ministro Walter Correa, expresó su “más enérgico repudio” al gesto del presidente Javier Milei de regalar el libro “Defendiendo lo indefendible”, cuyo capítulo sobre “el que contrata niños” legitima la explotación laboral de niñas y niños y choca frontalmente con la normativa nacional e internacional vigente.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.