Esta medida había sido implementada durante la administración de Alberto Fernández y enfrentó fallos judiciales en contra.
Argentina12 de abril de 2024
Sures Noticias
La Inspección General de Justicia (IGJ) ha derogado las resoluciones que requerían paridad de género en los órganos directivos de asociaciones civiles, fundaciones y sociedades comerciales, establecidas durante la administración de Alberto Fernández.
La acción fue anunciada a través de la Resolución General 13/2024, difundida en el Boletín Oficial este jueves.
Dichas resoluciones, implementadas en agosto de 2020 bajo los números 34/2020 y 35/2020, estipulaban que las entidades debían tener una representación equitativa de hombres y mujeres en sus órganos de administración y fiscalización, o alternativamente, una composición mixta.
Además, se estableció que las entidades inscritas previamente deberían adoptar esta normativa en futuras designaciones.
No obstante, estas medidas fueron impugnadas judicialmente por varios administrados, quienes alegaron que la IGJ había sobrepasado sus competencias al establecer normas imperativas en el tema.
Tribunales superiores declararon la invalidez de estas normas, indicando que la autoridad para legislar sobre estas materias pertenece al Congreso Nacional.
Las decisiones judiciales que anularon las medidas de la IGJ aún no han sido revocadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, razón por la cual la IGJ optó por derogarlas para prevenir conflictos legales y acatar la validez de los fallos judiciales, que son definitivos dado que sus apelaciones fueron rechazadas y se presentaron recursos extraordinarios ante la Corte.
La resolución fue firmada por el inspector general de Justicia, Daniel Roque Vitolo.
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Lo dispuso la jueza federal María Servini a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).
El joven tenía 24 años cuando fue secuestrado en 1976. Además, solicitaron que se establezca el arrojamiento de cuerpos al río Paraná como una práctica sistemática del terrorismo de Estado. La fiscalía acompañó el pedido de los familiares para que se establezca que su secuestro, tortura y homicidio se produjo en un contexto de persecución generalizada y sistemática por razones ideológicas dirigida contra la población en el marco de la última dictadura cívico militar.
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