El libertario Milei confirmó que el macrista Luis Caputo será su ministro de Economía

Familiares de víctimas de gatillo fácil y organismos de DDHH impulsan un proyecto de ley para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires deje de financiar defensores legales y técnicos de policías implicados en casos relacionados a la violencia institucional. Se trata un de flagelo que, según la Comisión Provincial por la Memoria, deja un saldo de un muerto por “ahorcamiento” y otras causas por mes desde 2012.

En ese universo 504 fueron condenadas, 127 están procesadas y 5 aguardan la resolución de su situación procesal. Más de la mitad de las personas detenidas en cárceles tienen entre 70 y 75 años de edad. Estas cifras se dan en un marco en el que, desde 2006, se investigó a más de 3700 personas y recibieron condena casi 1200.

La medida gremial será este martes 20 y miércoles 21 de agosto. La semana pasada tampoco comenzaron las clases como establecía el cronograma.

El debate, que se espera se prolongue por un año, aborda los crímenes contra 114 víctimas en el ámbito de la Subzona militar 16, que funcionó bajo el exclusivo control de la Fuerza Aérea con los centros clandestinos de detención Mansión Seré, VIII Brigada Aérea de Moreno, Regional de Inteligencia de Buenos Aires con asiento en Morón, y diferentes dependencias policiales de Castelar y Moreno.

Mientras que algunas regiones logran mantenerse a flote gracias a inversiones en sectores clave, otras se ven sumidas en una profunda crisis debido a la caída del consumo.

Mediante el Decreto 780/2024, el Poder Ejecutivo ha introducido modificaciones en la aplicación de la legislación. Se ha suprimido el requisito de informar acerca de asuntos de la "vida privada" y de las deliberaciones previas a una resolución gubernamental.