En el juicio por delitos de Lesa Humanidad se investigaron crímenes de lesa humanidad cometidos por integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército Argentino y de la Delegación Rosario de la Policía Federal. Las víctimas de estos hechos estuvieron cautivas en distintos centros clandestinos de detención y exterminio de Rosario, en Funes y en Granadero Baigorria. Más de la mitad de estas personas fueron asesinadas o permanecen desaparecidas.
Argentina 29 de agosto de 2023
Sures Noticias
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Rosario condenó ayer a prisión perpetua a los dieciséis acusados en el marco del juicio "Guerrieri IV", en línea con lo solicitado durante su alegato por el titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, Adolfo Villatte, y el fiscal ad-hoc Álvaro Baella. En el debate, que comenzó en agosto de 2022, se juzgaron los casos de 81 víctimas de delitos de lesa humanidad que estuvieron cautivas en distintos centros clandestinos de las ciudades santafesinas de Rosario, Funes y Granadero Baigorria durante la última dictadura cívico militar. Más de la mitad de estas personas fueron asesinadas o permanecen desaparecidas.
Los involucrados eran en ese momento militares en el Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército Argentino y policías de la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina y fueron considerados responsables de delitos como tormentos, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada, homicidios, sustracción, retención y ocultamiento de menores de diez años y asociación ilícita. El juez Jaime Díaz Gavier y las juezas María Noel Costa y Mariela Rojas -integrantes del tribunal- no contemplaron en el caso la aplicación de la figura de "genocidio", que había solicitado la fiscalía en su exposición. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el miércoles 25 de octubre.
Los involucrados
La lista de condenados incluye a los exintegrantes de aquella dependencia de inteligencia, Pascual Guerrieri, quien al momento de los hechos era segundo jefe, con el rango de teniente coronel; Jorge Fariña, quien actuaba como jefe de la Central Operaciones de Inteligencia y luego de Actividades Especiales de Inteligencia, con el rango de capitán; Juan Daniel Amelong, en aquel entonces segundo jefe de Operaciones Especiales de Inteligencia, con el rango de teniente; Marino González, por su rol como jefe de Actividades Especiales de Inteligencia con el rango de teniente primero; y Ariel Antonio López, Walter Pagano, Juan Andrés Cabrera, Eduardo Constanzo y Rodolfo Isach, quienes se desempeñaron como personal civil de inteligencia (PCI) del destacamento.
La nómina la completan los expolicías que integraron la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina: el entonces subinspector Federico Almeder, el sargento Juan Carlos Faccendini, el cabo Juan Félix Retamozo, el exinspector Enrique Andrés López, el agente Osvaldo Tebez, el inspector Oscar Giai y el cabo Roberto Squiro. De todos ellos, Faccendini, Retamozo, Tebez, Giai y Squiro llegaron al juicio sin una condena previa.
Junto con las penas para los dieciséis acusados, el TOCF estableció que, dada la gravedad los hechos por los que fueron condenados, Faccendini, Retamozo, Tevez, Giai, Almeder y Enrique López cumplan prisión domiciliaria hasta que quede firme la sentencia, para luego ser trasladados a una cárcel del servicio penitenciario federal.
El listado completo de penas
Pascual Guerrieri: privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público y por mediar violencias y amenazas, en concurso real con tormentos calificados por aplicarse contra un perseguido político (8 hechos); desaparición forzada de persona en concurso real con tormentos calificados por aplicarse contra un perseguido político (1 hecho); privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público por mediar violencias y amenazas en concurso real con tormentos calificados por aplicarse contra un perseguido político en concurso real con el delito de homicidio agravado (12 hechos); desaparición forzada de persona seguida de muerte en concurso real con tormentos calificados por aplicarse contra un perseguido político (26 hechos); homicidio agravado (7 hechos); privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público y por mediar violencias y amenazas en concurso ideal con retención, sustracción u ocultación de un menor de diez años en concurso real con tormentos (12 hechos); y privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público y por mediar violencias y amenazas en concurso real con el delito de tormentos (4 hechos).
Jorge Alberto Fariña: privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público y por mediar violencias y amenazas, en concurso real con tormentos calificados por aplicarse contra un perseguido político (7 hechos); desaparición forzada de persona en concurso real con tormentos calificados por aplicarse contra un perseguido político (1 hecho); privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público por mediar violencias y amenazas en concurso real con tormentos calificados por aplicarse contra un perseguido político en concurso real con el delito de homicidio agravado (14 hechos); desaparición forzada de persona seguida de muerte en concurso real con tormentos calificados por aplicarse contra un perseguido político (27 hechos); homicidio agravado (12 hechos); y privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público y por mediar violencias y amenazas en concurso ideal con retención, sustracción u ocultación de un menor de diez años en concurso real con tormentos (15 hechos).
Juan Daniel Amelong: privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público y por mediar violencias y amenazas, en concurso real con tormentos calificados por aplicarse contra un perseguido político (5 hechos); desaparición forzada de persona en concurso real con tormentos calificados por aplicarse contra un perseguido político (1 hecho); privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público por mediar violencias y amenazas en concurso real con tormentos calificados por aplicarse contra un perseguido político en concurso real con el delito de homicidio agravado (11 hechos); desaparición forzada de persona seguida de muerte en concurso real con tormentos calificados por aplicarse contra un perseguido político (19 hechos); homicidio agravado (1 hecho); y privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público y por mediar violencias y amenazas en concurso ideal con retención, sustracción u ocultación de un menor de diez años en concurso real con tormentos (8 hechos).
Marino Héctor González: privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público y por mediar violencias y amenazas, en concurso real con tormentos calificados por aplicarse contra un perseguido político (5 hechos); privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público por mediar violencias y amenazas en concurso real con tormentos calificados por aplicarse contra un perseguido político en concurso real con el delito de homicidio agravado (11 hechos); desaparición forzada de persona seguida de muerte en concurso real con tormentos calificados por aplicarse contra un perseguido político (19 hechos); homicidio agravado (2 hechos); y privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público y por mediar violencias y amenazas en concurso ideal con retención, sustracción u ocultación de un menor de diez años en concurso real con tormentos (6 hechos).
Ariel Antonio López, Juan Andrés Cabrera, Rodolfo Daniel Isach y Walter Salvador Dionisio Pagano: privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público y por mediar violencias y amenazas, en concurso real con tormentos calificados por aplicarse contra un perseguido político (5 hechos); desaparición forzada de persona en concurso real con tormentos calificados por aplicarse contra un perseguido político (1 hecho); privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público y por mediar violencias y amenazas, en concurso real con tormentos calificados por aplicarse contra un perseguido político en concurso real con homicidio agravado (11 hechos); desaparición forzada de persona seguida de muerte en concurso real con tormentos calificados por aplicarse contra un perseguido político (19 hechos); homicidio agravado (2 hechos); y privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público y por mediar violencias y amenazas en concurso ideal con retención, sustracción u ocultación de un menor de diez años en concurso real con tormentos (8 hechos).
Eduardo Rodolfo Costanzo: privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público y por mediar violencias y amenazas, en concurso real con tormentos calificados por aplicarse contra un perseguido político (4 hechos); desaparición forzada de persona en concurso real con tormentos calificados por aplicarse contra un perseguido político (1 hecho); privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público y por mediar violencias y amenazas, en concurso real con tormentos calificados por aplicarse contra un perseguido político en concurso real con homicidio agravado (5 hechos); desaparición forzada de persona seguida de muerte en concurso real con tormentos calificados por aplicarse contra un perseguido político (13 hechos); homicidio agravado (2 hechos); y privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público y por mediar violencias y amenazas en concurso ideal con retención, sustracción u ocultación de un menor de diez años en concurso real con tormentos (7 hechos).
Roberto Raúl Squiro, Federico Almeder y Enrique Andrés López: homicidio agravado (2 hechos); y privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público y por mediar violencias y amenazas, en concurso ideal con retención, sustracción u ocultación de un menor de diez años en concurso real con tormentos (1 hecho).
Juan Carlos Faccendini, Juan Félix Retamozo, Osvaldo Jorge Tebez y Oscar Roberto Giai: homicidio agravado (2 hechos).
El jueves pasado, la policía provincial con orden de la fiscal Marina Villagra, reprimió a las familias de la comunidad indígena Peñas Negras ubicada en el departamento de Belén, Catamarca.
La causa judicial donde se investigan las presuntas torturas a soldados argentinos por parte de militares de su propia tropa, durante la guerra con Gran Bretaña de 1982, se encuentra actualmente “en manos” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó sobre la decisión de realizar una auditoría. Con ello, buscan identificar irregularidades en los procesos y consideran solicitar la devolución de fondos otorgados incorrectamente.
Hugo Yasky. secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional señaló en una entrevista radial la adhesión a la medida de fuerza: "Ya tenemos mandato, porque habíamos hecho hace un par de semanas un plenario nacional", en tanto el titular de CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, adelanto a Sures Noticias que la central adhiere al paro del 9 de mayo.
La comunidad Mbya-guaraní Puente Quemado II de Misiones, necesita que nos solidaricemos con ella. Recordemos que esta comunidad, como muchas de la provincia de Misiones, están acorraladas por el extractivismo forestal. La multinacional Arauco*, radicada en Chile, controla aproximadamente el 10% de la provincia, y no solo destruye la selva para plantar pinos y eucaliptos, sino que también destruye el sustento de las comunidades indígenas de la zona, incluso usurpando ilegalmente parte de su territorio y/o expulsándolas, señalo la red en un comunicado
La fiscalía requirió que las dos parcelas de 36 hectáreas sean destinadas a actividades relacionadas con el derecho a la memoria, la verdad y la justicia. Los imputados son tres mujeres y un hombre, hijas e hijo de un miembro de la denominada “banda de Aníbal Gordon”, a quienes se los acusa de transferir, adquirir y administrar, dándole la apariencia de un origen lícito, los dos terrenos linderos a la laguna de Chascomús. Además, pidieron el pago de multas.
La comunidad educativa protagonizó una inédita jornada en rechazo al ajuste presupuestario dispuesto por el gobierno de Milei. Estiman que se movilizó un millón y medio de personas a lo largo y ancho de la Argentina.
En Córdoba se llevaron adelante manifestaciones en distintos lugares de la provincia: Córdoba Capital, Villa Maria, Río Cuarto, Alta Gracia, entre otras. En capital la multitud llego a Plaza Tosco y luego de la lectura del documento se extendió la jornada de lucha. Multitudes congregadas en las grandes y medianas ciudades del país, donde están afincadas la mayoría de las 57 universidades nacionales, salieron a las calles y a las plazas para aunar su voz en defensa de la educación y la ciencia públicas y en contra de la licuadora y la motosierra que la administración encabezada por Javier Milei aplica al sistema universitario argentina.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará el próximo sábado la inauguración de un microestadio en el Municipio de Quilmes por invitación de la intendenta local, Mayra Mendoza, y al ratificar su presencia en ese acto en un mensaje que publicó en sus redes sociales, consideró que el pueblo argentino “está siendo sometido a un sufrimiento inútil”, por parte del gobierno del presidente Javier Milei.
El tribunal integrado por los jueces Julián Falcucci, Fabián Asis y Noel Costa iniciará a las 9.30 la audiencia en la que escuchará las últimas palabras de los acusados, tras lo cual brindará su sentencia en lo que es el juicio número 14 por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el terrorismo de estado en la provincia mediterránea. Las organizaciones de Derechos Humanos como la Mesa de Trabajo por los DDHH y el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba convocaron a asistir a la lectura de la sentencia.
Más de 8.000 personas participaron de la propuesta conjunta realizada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba. El paso siguiente será la presentación de un proyecto de ley en la Legislatura para oficializar el nuevo nombre del puente peatonal que une el Parque Las Heras-Elisa con la ex Plaza Austria.
Unas 40 organizaciones sindicales estuvieron presentes en la firma del convenio que permitirá poner en marcha la formación. Autoridades provinciales rescataron el valor de la educación y la formación en todos los niveles.