Dos senadores nacionales del oficialismo presentaron un proyecto de ley que propone declarar la "intervención Federal a la Provincia de Jujuy en su Poder Judicial" para "garantizar la forma republicana de gobierno" y "evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado Argentino". La iniciativa presentada ante el Senado de la Nación lleva las firmas de los legisladores Guillermo Snopek (Frente Justicialista de Jujuy) y Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana, de Buenos Aires).
Argentina 30 de junio de 2023
Sures Noticias
El proyecto retoma una iniciativa originalmente presentada por el senador jujeño en 2019, que perdió estado parlamentario.
Según el proyecto, que debe tratarse en la Comisión de Asuntos Constitucionales que recién será constituida el próximo miércoles 5 de julio a las 10:30, y que estaría presidida por el propio Snopek, la intervención tendría un plazo de un año, prorrogable por otro año más.
Entre sus fundamentos, Snopek y Di Tullio recuerdan que el 17 de diciembre de 2015, a propuesta del Poder Ejecutivo, "la Legislatura de Jujuy aprobó una reforma ampliando el Superior Tribunal de Justicia (la Corte Suprema de la Provincia de Jujuy) de cinco a nueve miembros".
"De los 4 nuevos jueces, tres de ellos son del partido radical, el mismo al que pertenece el señor Gobernador de Jujuy (y uno de los precandidatos a vicepresidente de la Nación por Juntos por el Cambio, Gerardo Morales), siendo dos de ellos, Pablo Baca y Beatriz Altamirano, diputados provinciales, que en un mismo día votaron la ampliación del número de miembros del Superior Tribunal para, 48 horas más tarde, asumir como jueces del mismo", señala el proyecto.
Según Snopek y Di Tullio, "el propósito de la ampliación del Superior Tribunal de Justicia fue políticamente evidente: conformar una mayoría afín al Ejecutivo, vulnerando el principio de independencia del Poder Judicial".
Los procesamientos y prisiones preventivas de manifestantes van en línea con la estrategia de criminalización que impulsa el Gobierno para limitar el ejercicio del derecho a la protesta. Nos presentamos como amicus curiae ante la Cámara Federal de Apelaciones, señala el CELS.
Daniela Calarco Arredondo, referente de un movimiento social, fue trasladada sin notificación a su abogado y presionada para firmar una declaración falsa a cambio de su libertad. Continúa detenida junto a David Sica, Cristian Valiente, Facundo Gómez y Roberto de la Cruz Gómez, cuya liberación inmediata sigue siendo exigida. Bullrich transformó su Ministerio en un centro de persecución política.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.
Por sus declaraciones públicas tras visitar represores, la Comisión por la Memoria presentó hoy una denuncia penal contra el diputado nacional Beltran Benedit (LLA) por el delito de apología del crimen, según lo estipula el artículo 213 del Código Penal.
A través de un comunicado Abuelas señaló que, por medio de un decreto, el Gobierno pretende eliminar una unidad de investigación fundamental que busca garantizar el derecho a la verdad y a la identidad.
Del 24 al 27 de julio, el Centro de Convenciones (Forum) de la ciudad de Santiago del Estero será el epicentro de la Cumbre Climática de Juventudes de Naciones Unidas.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.