Senadores oficialistas presentaron proyecto para intervenir el Poder Judicial de Jujuy

La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que preside Silvia Lospennato convocó a una reunión informativa para el martes al mediodía. Cabe recordar, que recientemente, a propuesta de Unión por la Patria, se votó una moción de apartamiento de reglamento para que se incluyera en el temario el proyecto de la diputada Gisela Marziotta que apunta a expulsar a los seis diputados libertarios involucrados en el escándalo. La moción fue rechazada por legisladores cómplices de las políticas negacionistas del gobierno libertario.

Según publica el sitio fiscales.gog.ar es el primer caso de desaparición forzada en democracia en Argentina que llegó a un tribunal internacional. Las víctimas fueron vistas con vida por última vez, golpeadas, el 28 de abril de 1990 en calabozos de la Dirección de Investigaciones de la Policía provincial. El Estado argentino reconoció en 1996 su responsabilidad en el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El debate, que se espera se prolongue por un año, aborda los crímenes contra 114 víctimas en el ámbito de la Subzona militar 16, que funcionó bajo el exclusivo control de la Fuerza Aérea con los centros clandestinos de detención Mansión Seré, VIII Brigada Aérea de Moreno, Regional de Inteligencia de Buenos Aires con asiento en Morón, y diferentes dependencias policiales de Castelar y Moreno.

En un breve comunicado a traves de sus redes sociales expresaron "Tras 22 años, el gobierno de Javier Milei y Daniel Scioli nos quitó la posibilidad de hacer el encuentro de cierre de Jóvenes y Memoria en Chapadmalal. Desde el 2002, todos los gobiernos permitieron la realización del encuentro.

La diputada de La Libertad Avanza difundió documentos que muestran a representantes del bloque trabajando en la liberación de represores.

El expolicía del Servicio de Informaciones de Santa Fe cuenta con tres condenas -una de ellas firme- y está procesado en una causa. El Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario señaló que no existe un derecho a la prisión domiciliaria y que la edad mayor de 70 años no es una pauta que deba evaluarse de manera exclusiva para su otorgamiento. Dispuso su traslado a una cárcel federal.