Ayer martes 4 de abril realizaron una Concentración, en Cañada y Caseros donde entregaron sendos petitorios, uno al Intendente de la Ciudad de Córdoba Martin Llaryora, otro dirigido a la Comisión de DDHH del Consejo Deliberante y por último a su presidente, donde exigen el cese de la construcción del Parque Acuático mientras dure la investigación por la búsqueda de Facundo Rivera Alegre Rivera
Córdoba05 de abril de 2023
Sures Noticias
Los petitorios, además de solicitar audiencias, exigen el cese de la Construcción del Parque Acuático mientras dure la investigación por la búsqueda de Facundo Rivera Alegre Rivera quien se encuentra desaparecido desde el año 2012.
en declaraciones a la prensa la familia de Facundo señalo "A finales del año pasado recibimos la notificación por parte de la Fiscalía Distrito 1 Turno 5, ahora a cargo de la Fiscal de Instrucción Celeste Blasco, que han aceptado nuestra demanda de reconstruirnos como querellantes. Hecho que exigimos desde el 2015 tras la finalización del proceso judicial que nunca nos dijo verdaderamente que pasó y dónde está Facundo"
Y agregaron: Es en nuestro carácter de querellantes que seguimos exigiendo la real búsqueda de Facundo y también demandándole al poder político de Córdoba y especialmente al Intendente Llaryora que no construya el mega proyecto acuático impulsado por desarrollistas públicos-privados en las Lagunas de Barrio Maldonado, zona señalada por testigos como posible lugar dónde estaría Facundo. A pesar de que nuestra abogada, Adriana Gentile, presentara una cautelar con el objetivo de que no se innove en tal lugar, la Fiscalía nos la ha rechazado.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.