La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas de hasta prisión perpetua para una serie de acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del "Operativo Independencia", con epicentro en Tucumán en los años 1975 y 1976, cuando fueron asesinados y desaparecidos numerosos militantes políticos, sindicales y de organizaciones sociales.
Argentina07 de marzo de 2023
Sures Noticias
La Sala III de la Casación, con los votos concurrentes de los jueces Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky, revisó la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, donde se definió la responsabilidad penal de los encausados por las violaciones a los derechos humanos cometidas antes y después del 24 de marzo de 1976, informaron fuentes judiciales.
Se confirmaron las condenas por crímenes de lesa humanidad a Fernando Torres, Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, José Carlos Sowinski, Rolando Reyes Quintana, Félix Insaurralde, Hugo Javier Figueroa, Guillermo Agustín Ugarte, Juan Francisco Nougues, Benito Palomo, Ernesto Rivero, Luis Orlando Varela, Carlos Alberto Lafuente, Adolfo Ernesto Moore, Ricardo Oscar Sánchez, precisaron las fuentes.
A la vez, la Cámara anuló las absoluciones de Ernesto Alejandro Repossi, Juan Antonio Garibotte y Julio Luis Teodomiro Bidone.
Asimismo, se confirmó la constitucionalidad de la pena de prisión perpetua (artículo 80 del Código Penal) y de la inhabilitación establecida en el artículo 19, inciso 4° del Código Penal, que establece "la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar, cuyo importe será percibido por los parientes que tengan derecho a pensión".
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.