La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas de hasta prisión perpetua para una serie de acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del "Operativo Independencia", con epicentro en Tucumán en los años 1975 y 1976, cuando fueron asesinados y desaparecidos numerosos militantes políticos, sindicales y de organizaciones sociales.
Argentina07 de marzo de 2023
Sures Noticias
La Sala III de la Casación, con los votos concurrentes de los jueces Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky, revisó la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, donde se definió la responsabilidad penal de los encausados por las violaciones a los derechos humanos cometidas antes y después del 24 de marzo de 1976, informaron fuentes judiciales.
Se confirmaron las condenas por crímenes de lesa humanidad a Fernando Torres, Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, José Carlos Sowinski, Rolando Reyes Quintana, Félix Insaurralde, Hugo Javier Figueroa, Guillermo Agustín Ugarte, Juan Francisco Nougues, Benito Palomo, Ernesto Rivero, Luis Orlando Varela, Carlos Alberto Lafuente, Adolfo Ernesto Moore, Ricardo Oscar Sánchez, precisaron las fuentes.
A la vez, la Cámara anuló las absoluciones de Ernesto Alejandro Repossi, Juan Antonio Garibotte y Julio Luis Teodomiro Bidone.
Asimismo, se confirmó la constitucionalidad de la pena de prisión perpetua (artículo 80 del Código Penal) y de la inhabilitación establecida en el artículo 19, inciso 4° del Código Penal, que establece "la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar, cuyo importe será percibido por los parientes que tengan derecho a pensión".
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
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Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
El titular de La Bancaria y diputado de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, cuestionó el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei por licuar las sentencias, permitir el pago en cuotas de las indemnizaciones y vulnerar principios constitucionales, y advirtió que los legisladores que lo acompañen serán “básicamente unos delincuentes”.
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La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.