Para exministro de Seguridad de Córdoba el caso Blas fue "violatorio de los derechos humanos"

Mosquera se expresó así al declarar esta mañana como testigo en el juicio por jurados al que son sometidos 13 policías por el crimen cometido en agosto de 2020 y el posterior encubrimiento.

El exministro y actual legislador provincial, quien estaba entonces a cargo del área de Seguridad, dijo en la 24ta. audiencia del debate que se lleva adelante el tribunal técnico de la Cámara 8va. del Crimen que el asesinato de Blas “constituye una de las páginas más oscuras de la policía de Córdoba”.

Seguidamente añadió que se trató de un acto de "violencia institucional y flagrantemente violatorio de los derechos humanos".

Asimismo afirmó que cuando tomó conocimiento de los hechos le informó al gobernador Juan Schiaretti, a quien, dijo, “nunca” vio "tan apesadumbrado por la situación" en sus más de 30 años de actividad.

"Me dio directivas concretas para ponerme en contacto con la familia y de llegar a fondo con este hecho aberrante”, agregó Mosquera.

En este juicio se debate el hecho ocurrido la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Blas y cuatros amigos adolescentes circulaban en un automóvil Fiat Argo por el barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa.

En ese trayecto evadieron un control policial porque el conductor se asustó al ver que uno de los policías había desenfundado un arma, seguidamente dos efectivos dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas, quien murió.

Por el homicidio se encuentran acusados el cabo primero Gómez (37) que, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, una de las balas impactó en Blas, y el cabo primero Javier Catriel Alarcón (33), quien disparó en dos oportunidades.

Ambos afrontan cargos como "coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos".

Los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguill o, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.

Los cargos que enfrentan son de "falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público", ya que se les imputa, entre otras cosas, haber "plantado" un arma para simular un enfrentamiento con los chicos.