Este miércoles 26 de octubre las 18 hs. en plaza San Martín se realizará la marcha federal de las culturas “Con movilización no hay apagón”, exigiendo que el senado vote la ley que impide el desfinanciamiento de la cultura. habrá acciones en distintas ciudades del país.
Córdoba26 de octubre de 2022
Sures Noticias
Desde las y los convocantes señalaron que dado el impacto y el federalismo logrado el pasado 19 de octubre con el Proyectorazo y la continuidad de un plan de lucha para exigir que senadores apruebe finalmente la ley que evita la caducidad de la Ley de Fomento a la Cultura se volverá a realizar la acción de proyectar en todo el país consignas exigiendo que los senadores legislen a favor del pueblo.
Desde las 20 hs hasta las 21 hs, invitan a participar a todes de esta acción visual en todo el país proyectando sobre paredes públicas en diferentes ciudades del país placas audiovisuales exigiendo al Senado Nacional el urgente tratamiento y votación de la media sanción del proyecto de Ley por la prórroga a 50 años de las asignaciones específicas que son el sostenimiento de la producción cultural en cine, teatro, música, la danza y permiten también, el funcionamiento de las más de 1200 bibliotecas populares de todo el país y los medios comunitarios dependientes del ENACOM.
Los #Hashtags que se utilizaran durante la jornada son: #evitemoselapagoncultural #laculturanocaduca #soberaniacultural #50años
Material de la campaña: https://drive.google.com/drive/folders/1cHqrw8drwXk6Oq6EjPcyKCGRQQUgNT2V?usp=sharing
Unidxs por la Cultura y las decenas de asociaciones, colectivos, organizaciones que la conforman reclaman que la la cultura no se apague.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que encabeza el ministro Walter Correa, expresó su “más enérgico repudio” al gesto del presidente Javier Milei de regalar el libro “Defendiendo lo indefendible”, cuyo capítulo sobre “el que contrata niños” legitima la explotación laboral de niñas y niños y choca frontalmente con la normativa nacional e internacional vigente.
El gobierno de Axel Kicillof terminó el borrador de un proyecto que busca garantizar condiciones mínimas de trabajo decente a unos 80 mil repartidores y choferes de plataformas en territorio bonaerense. La norma se plantea como respuesta a la reforma laboral regresiva de Javier Milei y prevé desde paradores obligatorios hasta una app con botón de emergencia para los trabajadores.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.