En un comunicado que transcribimos señalan:

las condiciones de insalubridad, hacinamiento, y riesgo de vida se agudizan día a día en todos los complejos penitenciarios cordobeses y, durante la pandemia, se hicieron aún más visible en los medios. 
El reclamo esta vez es ante la justicia. Exigimos el cumplimiento de las leyes y la garantía de los Derechos 
Humanos expresados en la Constitución Nacional y en todos los tratados internacionales.
El acceso a la educación es un derecho y hoy menos del 10 % de la población carcelaria puede acceder a 
el. El derecho a la salud es vulnerado cotidianamente, al punto de que la mayoría de las muertes  en 
contextos de encierro se producen por falta de asistencia médica integral. Los salarios  de las personas 
privadas de su libertad que pueden acceder a un trabajo no llega ni a un cuarto de un sueldo básico. 
A su vez recientemente se incorporó en los penales un criterio que impide  a familiares que no son de 
sangre o sin vínculo legal directo a que visiten a sus seres queridxs allí dentro.

Por último, exigimos que se respete el sistema de progresividad estipulado por la ley 24,660 y que se deroguen   inmediatamente las pericias técnicas subjetivas que sólo provocan la extensión de condenas ya cumplidas.                                                                                            
Las personas privadas de su   libertad tienen derechos y el estado y la justicia no los garantiza e incumple las leyes.
¡Basta de torturar las personas presas y a sus familiares!
¡Basta de camas de sujeción!
Las personas privadas de su libertad son persona con derechos.