Familiares y allegadxs de personas privadas de su libertad convocan a una concentración el miércoles 7 de septiembre a las 9hs frente a Tribunales II ante las condiciones de insalubridad y hacinamiento.
Córdoba05 de septiembre de 2022
Sures Noticias
En un comunicado que transcribimos señalan:
las condiciones de insalubridad, hacinamiento, y riesgo de vida se agudizan día a día en todos los complejos penitenciarios cordobeses y, durante la pandemia, se hicieron aún más visible en los medios.
El reclamo esta vez es ante la justicia. Exigimos el cumplimiento de las leyes y la garantía de los Derechos
Humanos expresados en la Constitución Nacional y en todos los tratados internacionales.
El acceso a la educación es un derecho y hoy menos del 10 % de la población carcelaria puede acceder a
el. El derecho a la salud es vulnerado cotidianamente, al punto de que la mayoría de las muertes en
contextos de encierro se producen por falta de asistencia médica integral. Los salarios de las personas
privadas de su libertad que pueden acceder a un trabajo no llega ni a un cuarto de un sueldo básico.
A su vez recientemente se incorporó en los penales un criterio que impide a familiares que no son de
sangre o sin vínculo legal directo a que visiten a sus seres queridxs allí dentro.
Por último, exigimos que se respete el sistema de progresividad estipulado por la ley 24,660 y que se deroguen inmediatamente las pericias técnicas subjetivas que sólo provocan la extensión de condenas ya cumplidas.
Las personas privadas de su libertad tienen derechos y el estado y la justicia no los garantiza e incumple las leyes.
¡Basta de torturar las personas presas y a sus familiares!
¡Basta de camas de sujeción!
Las personas privadas de su libertad son persona con derechos.
El colectivo político-cultural recordó ayer con emoción a su compañero fallecido y agradeció la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales que acompañaron a la comunidad Tinku.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
Según el relevamiento anual de la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2025 una familia tipo necesitó casi $580 mil para no ser indigente y más de $1,28 millones para no caer bajo la línea de pobreza, en un año marcado por fuertes aumentos en carnes y alimentos industrializados, y una desaceleración general respecto de los años previos.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.