
La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba abrió de oficio una investigación para determinar presuntas responsabilidades de funcionarios del Poder Judicial que habrían tenido conocimiento sobre las muertes de cinco bebés en el Hospital Neonatal de la capital provincial, cuyas circunstancias forman parte de una causa paralela.
Córdoba31 de agosto de 2022
Sures Noticias
Esta nueva investigación recayó, por sorteo informático, en la Fiscalía del Distrito 3 turno 6 a cargo del fiscal Iván Rodríguez, y se llevará adelante junto al proceso que sustancia el fiscal de Instrucción Raúl Garzón, en el que hay una enfermera detenida y tres directivos del establecimiento sanitario están imputados.
El MPF argumentó que la nueva acción se determinó “en virtud de que funcionarios del Poder Judicial podrían haber tenido conocimiento de una investigación administrativa interna en el Hospital Neonatal vinculada a los hechos de público conocimiento en fecha anterior a la denuncia judicial”.
“Esta nueva investigación tiene por objeto deslindar eventuales responsabilidades, y es independiente de la que ya se encuentra en curso por los hechos acaecidos en ese nosocomio”, agregó el comunicado.
Hasta el momento, la única persona detenida por el caso es la enfermera Brenda Agüero, de 27 años, quien permanece en el penal de Bouwer acusada por el fiscal Garzón de "homicidio calificado reiterado", mientras que también están imputadas la exdirectora del Hospital Liliana Asís, por "omisión de los deberes de funcionario público", al igual que dos jefas del área de Neonatología, Marta Gómez Flores y Adriana Morales.
El fiscal ordenó que la enfermera detenida sea sometida a pericias psicológicas y psiquiátricas para luego avanzar con la indagatoria, aunque no se conocieron avances al respecto.
La causa por la muerte de cinco bebés tras nacer en buen estado entre marzo y junio pasado, además de otros ocho que sobrevivieron, derivó además en la renuncia el jueves pasado del hasta entonces ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, tras los cuestionamientos recibidos por no haber hecho la denuncia ante la Justicia cuando en marzo ya estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo en el Hospital neonatal.
Entonces, solamente se había iniciado un sumario administrativo interno en el Hospital Neonatal y la investigación judicial se conoció el 11 de agosto a partir de denuncias concretas por la muerte de cinco bebés nacidos sanos entre marzo y junio pasados.
De acuerdo a los datos oficiales, los fallecimientos ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y otros dos el 6 de junio de este año.
Los resultados preliminares de la autopsia de dos bebés nacidos el 6 de junio último concluyeron en que los decesos ocurrieron por cuadro de "hiperpotasemia" que fue causado por "exceso de potasio inyectado de manera intencional", ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes.
Piden elevar a juicio la causa contra el falso médico del COE
La Fiscalía de Instrucción del primer turno de Río Cuarto, a cargo de Pablo Jávega, solicitó la elevación a juicio en contra de Ignacio Martín por los supuestos delitos de Homicidio por Dolo Eventual; Lesiones Graves por Dolo Eventual; Usurpación de Título y Ejercicio Ilegal de la Medicina; Uso de Documento privado Falso; Defraudación Calificada Reiterada; Falsedad Ideológica Reiterada Continuada y Defraudación Calificada en Grado de Tentativa, todo en Concurso Real.

La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.

La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.

La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.

La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.

En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.

La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.

El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.

La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.

El 23 de abril de 2026 comenzará en La Plata el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, en una causa que busca fijar responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado a 50 años del golpe.