El Consejo Nacional del Partido Justicialista difundió hoy un documento en el que expresó su "solidaridad" con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del pedido de condena de la fiscalía en el juicio el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, y convocó a todos los peronistas a "mantenerse unidos, organizados, movilizados y en alerta permanente".
Argentina 25 de agosto de 2022
Sures Noticias
Así lo expresó en un documento dado a conocer al término de una reunión mantenida en la sede partidaria de la calle Matheu 130, en la ciudad de Buenos Aires, de la que participó de manera virtual el presidente Alberto Fernández, titular del partido a nivel nacional.
En el texto, difundido este mediodía, el PJ llamó a "defender la vigencia de una verdadera democracia y de los derechos conquistados, sin persecución de la más importante líder del pueblo argentino".
El cónclave se desarrolló con la presencia de varios dirigentes en la sede del Partido Justicialista nacional, luego de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieran una condena de 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos para Cristina Fernández de Kirchner en el marco del juicio oral y público por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
Allí, además, se resolvió la convocatoria a un plenario del Consejo Nacional del PJ para el próximo martes a las 18 en la misma sede, según consignó el diputado nacional José Luis Gioja.
"La sugerencia es que todos los partidos provinciales hagan lo mismo, que el peronismo está en estado de alerta y movilización. La democracia y las instituciones están en peligro porque hay una banda de facinerosos que quiere manejar a la justicia a su antojo", afirmó Gioja en declaraciones para Télam al salir del encuentro.
El diputado indicó que aún no hay una fecha de movilización pautada, pero sostuvo que "sí se está planificando algo que tiene que ver con una movilización".
Estuvieron presentes también en la sede partidaria el canciller Santiago Cafiero, la ministra de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez; el diputado nacional Eduardo Valdés, la senadora nacional Lucía Corpacci y el exintendente de Merlo Gustavo Menéndez.
A través de la plataforma Zoom, además del Presidente, participaban del encuentro el titular de la AFI, Agustín Rossi, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.
En tanto, el PJ porteño realizará hoy un "cabildo abierto" en apoyo a la vicepresidenta, mientras que ese espacio en la provincia de Buenos Aires definirá acciones en respaldo a la expresidenta y el Frente de Todos (FdT) marchará en las ciudades de Córdoba, Rosario y Santa Fe.
Mientras, militantes de diversas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles mantenían esta mañana por cuarto día consecutivo una vigilia frente al domicilio de la vicepresidenta, en el barrio porteño de Recoleta.
Fue por decisión de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, quien resaltó el relato aportado por la denunciante. Además, quedó firme el embargo al imputado por un monto de 1.500.000 pesos.
Los imputados militares fueron responsables de la Sección de Inteligencia del Ejército y el principal colaborador del jefe del Área Militar 132, mientras que los civiles están sindicados como responsables de haber cruzado sobre la ruta la camioneta que embistió el vehículo que conducía el prelado. En la causa se investiga un atentado, tras la anulación de la sentencia que había declarado en 1978 que los hechos fueron un incidente vial.
Análisis de los despidos y suspensiones en el primer semestre del 2024: relevamiento de casos paradigmáticos en industria y servicios elaborado por CEPA (Centro de Economía Política Argentina).
El informe "Cultura del Acoso: Punto y Aparte" presentado por la asociación reveló 19 incidentes de acoso sexual perpetrados por el periodista especializado en política internacional hacia sus colegas en varios medios de comunicación.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
Por sus declaraciones públicas tras visitar represores, la Comisión por la Memoria presentó hoy una denuncia penal contra el diputado nacional Beltran Benedit (LLA) por el delito de apología del crimen, según lo estipula el artículo 213 del Código Penal.
Del 24 al 27 de julio, el Centro de Convenciones (Forum) de la ciudad de Santiago del Estero será el epicentro de la Cumbre Climática de Juventudes de Naciones Unidas.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.