El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aprobó un nuevo programa para desarrollar la infraestructura de internet en pequeñas localidades rurales y comunidades indígenas y que contará con un financiamiento de $ 1.000 millones.
Argentina11 de julio de 2022
Sures Noticias
La aprobación de la iniciativa fue dispuesta a través de la resolución 1352/2022 publicada hoy en el Boletín Oficial.
Para la ejecución de la misma, el Enacom destinará una suma de hasta $ 1.000 millones, provenientes del Fondo Fiduciario del Servicio Universal.
Dicho Fondo, administrado por el ente, se encuentra conformado por aportes equivalentes al 1% de los ingresos totales de cada licenciatario de servicios de telecomunicaciones, y financia, además de este programa, diferentes iniciativas que buscan posibilitar el acceso de calidad y a un “precio razonable” de los servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes.
La inversión tendrá la finalidad de brindar los elementos permitan contar con un gabinete integral TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) para uso comunitario, conformado por una oficina modular y equipamiento de acceso y de conectividad, que se conectará a un prestador de servicios TIC de la zona.
En concreto, el gabinete contará con computadoras de escritorio, sistemas de proyección de audio y video en alta definición y sistemas de captura audiovisual para exterior con cámaras 4K y bafles.
En ese sentido, el Enacom buscará complementar a otros programas existentes, focalizando en zonas de alta demanda pero que no cumplen con los requerimientos de conocimiento tecnológico y las exigencias de mantenimiento de red necesarias para convertirse en titulares de una red de tipo comunitaria.
Además, se propone “priorizar la reducción de la brecha digital posibilitando el acceso equitativo, asequible y de calidad a las TIC” y “promover el desarrollo de las distintas regiones”, señalan los considerandos de la resolución.
Para ello, se priorizará a las poblaciones rurales de hasta 2.000 habitantes, las comunidades inscriptas en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (ReNAF) y en el Registro Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar (ReNOAF); y las comunidades de pueblos originarios que se encuentren identificadas en los registros del Instituto Nacional de Asuntos Indigenas (Renopi).
El programa, que tendrá inicialmente una duración de dos años, se ejecutará en etapas sucesivas mediante la implementación de convenios específicos y las comunidades que reciban los gabinetes por parte del Enacom deberán encargarse de su resguardo, de otorgarles un espacio físico y de asegurar su acceso.
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Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
Tras 15 horas de debate maratoniano, el oficialismo celebró la media sanción con presencia de la "familia Milei", mientras afuera del congreso la policía infiltro y reprimió salvajemente a manifestantes. Sindicatos denuncian un retroceso histórico para los trabajadores. Los tres senadores cordobeses acompañaron en general la ofensiva contra los trabajadores. Llaryora quien acompaño la reforma, reprimio a manifestantes en Córdoba.
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El gobernador Martín Llaryora subrayó que "estamos implementando el plan de federalización universitaria más ambicioso de la historia de Córdoba". La nueva universidad se ubicará en el sur de la capital y beneficiará a más de 113 mil habitantes de la zona. Esto facilitará el acceso a la educación superior pública y gratuita para miles de jóvenes que actualmente enfrentan retos en su traslado y acceso. La inversión provincial supera los 5.000 millones de pesos.
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Trabajadoras y trabajadores de prensa de todo el país, nucleados en Fatpren y en sus sindicatos de base, rechazaron la media sanción de la Reforma Laboral en el Senado y advirtieron que profundizarán el plan de lucha para frenar el retroceso de derechos y la postergación de la derogación del Estatuto del Periodista Profesional.
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