La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados bonaerense aprobó el proyecto de ley de la diputada, Natalia Sánchez Jáuregui (Partido Fe) sobre la obligatoriedad de capacitación en la Ley Micaela para las centrales de trabajadoras y trabajadores.
Argentina08 de julio de 2022
Sures Noticias
En un comunicado, la legisladora explicó que la iniciativa "busca que sus agentes cuenten con las herramientas necesarias para prevenir y luchar contra la violencia de género en sus ámbitos laborales" y afirmó que “la capacitación es obligatoria y abarca a todo el personal de las organizaciones gremiales de la provincia de Buenos Aires sin distinción respecto de su jerarquía”.
“Debemos generar acciones concretas que modifiquen el día a día de las personas, en este caso las trabajadoras y trabajadores de las asociaciones gremiales recibirán esta capacitación vital para que nuestra sociedad sea más justa y equitativa, porque aún existe diferencia entre hombres y mujeres en todos los espacios de decisión y también en el sindical, sea por las funciones que se llevan a cabo o por los cargos que se ocupan”, dijo.
La propuesta determina que el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia se encargará de su aplicación y fiscalización, impartiendo los lineamientos y contenido de los cursos.
"La ley es un acto de memoria y justicia feminista: se llama Micaela por Micaela García, una joven de 21 años que fue asesinada en Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos. Desde su promulgación, todas las provincias han adherido", concluyó Sánchez Jáuregui.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
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La Municipalidad de Cosquín confirmó daños intencionales en morteros rupestres de alto valor ceremonial ubicados en la Reserva Natural Río Yuspe‑Cosquín, donde se detectaron marcas de herramientas, retiro de cartelería informativa y bloqueo de senderos, y anunció denuncias penales para resguardar este patrimonio reconocido por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia.
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