La diputada nacional Gabriela Estévez denunció un accionar antidemocrático por parte de quienes se oponen a la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) "La pérdida de sentido por parte de quienes están en contra de la norma desencadenó hechos de violencia inusitados." Señalo Estévez en un comunicado.
Córdoba19 de julio de 2018
Sures Noticias
En la mañana de hoy en diversos programas en los medios de comunicación , se emitió un video de una persona embarazada que increpaba y finalmente golpea fuertemente, mientras era incentivada por quien registró el video a “darle masa”, a una nena de 12 años que llevaba puesto un pañuelo verde.
Por otro lado, aparecieron afiches denunciando genocidio con imágenes de Mauricio Macri, Gladys González y Cristina Fernández de Kirchner, manchados con sangre y del mismo modo circula en Córdoba, un flyer como mensaje de whatsapp con los nombres de los diputadxs que votaron a favor del proyecto con las leyendas: “Ellos son responsables del genocidio argentino”. “No los votes nunca más”. Señaló la legisladora.
"Esta acción profundamente antidemocrática desde su concepción hasta su ejecución, ataca sin discriminar banderas partidarias, ni más ni menos que a instituciones de la democracia. Porque la agresión no es solo a representantes legítimamente elegidos por el voto popular, con esta acción se está atacando a la democracia argentina de manera artera y cobarde porque no lleva una firma, se hizo de noche, a escondidas y además usa las creencias de personas que están legítimamente en contra de una norma que no los representa por los motivos que fueren, pero en este caso están siendo usadas y usados por manos inescrupulosas cuya única intención es atentar contra la democracia, contra nuestra democracia que tanto nos costó conseguir." Culmina.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.