La diputada nacional Gabriela Estévez denunció un accionar antidemocrático por parte de quienes se oponen a la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) "La pérdida de sentido por parte de quienes están en contra de la norma desencadenó hechos de violencia inusitados." Señalo Estévez en un comunicado.
Córdoba19 de julio de 2018
Sures Noticias
En la mañana de hoy en diversos programas en los medios de comunicación , se emitió un video de una persona embarazada que increpaba y finalmente golpea fuertemente, mientras era incentivada por quien registró el video a “darle masa”, a una nena de 12 años que llevaba puesto un pañuelo verde.
Por otro lado, aparecieron afiches denunciando genocidio con imágenes de Mauricio Macri, Gladys González y Cristina Fernández de Kirchner, manchados con sangre y del mismo modo circula en Córdoba, un flyer como mensaje de whatsapp con los nombres de los diputadxs que votaron a favor del proyecto con las leyendas: “Ellos son responsables del genocidio argentino”. “No los votes nunca más”. Señaló la legisladora.
"Esta acción profundamente antidemocrática desde su concepción hasta su ejecución, ataca sin discriminar banderas partidarias, ni más ni menos que a instituciones de la democracia. Porque la agresión no es solo a representantes legítimamente elegidos por el voto popular, con esta acción se está atacando a la democracia argentina de manera artera y cobarde porque no lleva una firma, se hizo de noche, a escondidas y además usa las creencias de personas que están legítimamente en contra de una norma que no los representa por los motivos que fueren, pero en este caso están siendo usadas y usados por manos inescrupulosas cuya única intención es atentar contra la democracia, contra nuestra democracia que tanto nos costó conseguir." Culmina.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Cámara Federal de Apelaciones frena por 60 días la privatización impulsada por Bullbarrel S.A., que planeaba un bar en el sitio de secuestros y torturas durante la dictadura. Sobrevivientes y organismos reclaman preservación como espacio de memoria histórica.
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.