El secretario general del sindicato de camioneros, Hugo Moyano, respaldó hoy el proyecto del Gobierno nacional para establecer un impuesto sobre la renta inesperada y afirmó que "los empresarios deben tomar conciencia de este esfuerzo que pide la sociedad para que hagan un aporte económico".
Argentina 17 de junio de 2022
Sures Noticias
El líder sindical, al hablar por El Destape Radio, manifestó que esta iniciativa "es algo que se debería poner en práctica y los propios empresarios deberían tomar conciencia de que hay mucha gente a la que le falta un plato de comida".
"Ellos tendrían que ver este pedido que les hace la sociedad y hacer un aporte económico", señaló Moyano.
El Gobierno impulsa una ley para gravar la renta inesperada para las empresas que tuvieron ganancias extraordinarias en el contexto de la guerra en Ucrania y el debate legislativo está previsto que comience en la semana del 27 de junio, según acordaron ayer el presidente Alberto Fernández y el titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, en una reunión que mantuvieron en Casa Rosada.
La iniciativa alcanza a empresas con ganancia neta imponible o ganancia contable superior a 1.000 millones de pesos, cuya ganancia neta imponible haya crecido en términos reales y cumplan con una de estas condiciones: un margen de ganancia contable sobre sus ingresos en 2022 superior al 10%, o un aumento del margen de ganancia en 2022 en relación al 2021 de al menos 20%.
En otro orden, y al responder una consulta sobre la inflación -proyectada según el Presupuesto en 62% anual- Moyano dijo que "es un tema muy complicado y el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos, pero a veces no alcanza".
En este sentido, evaluó el mecanismo de adelantamiento de la discusión paritaria en varios sindicatos para que "el salario no pierda el poder adquisitivo" y reconoció que "el Gobierno nos posibilitó a los gremios que hagamos este acuerdo, reduciendo los meses del acuerdo anterior y posibilitando mejorar el porcentaje para evitar que la inflación sea mayor que el salario".
Tras elogiar las recientes incorporaciones de Daniel Scioli y de Agustín Rossi al Gobierno nacional, Moyano también reclamó mayores retenciones para las exportaciones agropecuarias.
"Es lógico que haya más retenciones, ya que ellos (por el sector agropecuario) son los que más han ganado. Esta gente tiene que colaborar y evitar que mucha gente siga sufriendo", concluyó.
El informe "Cultura del Acoso: Punto y Aparte" presentado por la asociación reveló 19 incidentes de acoso sexual perpetrados por el periodista especializado en política internacional hacia sus colegas en varios medios de comunicación.
En un operativo desmedido, violento e ilegal, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a Sergio Melo y Damián Pereyra, trabajadores y militantes de la CTA Autónoma.
Daniela Calarco Arredondo, referente de un movimiento social, fue trasladada sin notificación a su abogado y presionada para firmar una declaración falsa a cambio de su libertad. Continúa detenida junto a David Sica, Cristian Valiente, Facundo Gómez y Roberto de la Cruz Gómez, cuya liberación inmediata sigue siendo exigida. Bullrich transformó su Ministerio en un centro de persecución política.
Los procesamientos y prisiones preventivas de manifestantes van en línea con la estrategia de criminalización que impulsa el Gobierno para limitar el ejercicio del derecho a la protesta. Nos presentamos como amicus curiae ante la Cámara Federal de Apelaciones, señala el CELS.
A través de un comunicado Abuelas señaló que, por medio de un decreto, el Gobierno pretende eliminar una unidad de investigación fundamental que busca garantizar el derecho a la verdad y a la identidad.
Juan Etchebarne fue absuelto en 1994 por esos hechos. La fiscalía de juicio había intentado avanzar contra esa decisión en el juicio oral. El tribunal y la Cámara de Casación indicaron que debía resolverse en primera instancia. Con el impulso de la fiscalía de instrucción, el juez federal Daniel Rafecas sostuvo que la prescripción por el mero paso del tiempo no puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.