El secretario general del sindicato de camioneros, Hugo Moyano, respaldó hoy el proyecto del Gobierno nacional para establecer un impuesto sobre la renta inesperada y afirmó que "los empresarios deben tomar conciencia de este esfuerzo que pide la sociedad para que hagan un aporte económico".
Argentina17 de junio de 2022
Sures Noticias
El líder sindical, al hablar por El Destape Radio, manifestó que esta iniciativa "es algo que se debería poner en práctica y los propios empresarios deberían tomar conciencia de que hay mucha gente a la que le falta un plato de comida".
"Ellos tendrían que ver este pedido que les hace la sociedad y hacer un aporte económico", señaló Moyano.
El Gobierno impulsa una ley para gravar la renta inesperada para las empresas que tuvieron ganancias extraordinarias en el contexto de la guerra en Ucrania y el debate legislativo está previsto que comience en la semana del 27 de junio, según acordaron ayer el presidente Alberto Fernández y el titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, en una reunión que mantuvieron en Casa Rosada.
La iniciativa alcanza a empresas con ganancia neta imponible o ganancia contable superior a 1.000 millones de pesos, cuya ganancia neta imponible haya crecido en términos reales y cumplan con una de estas condiciones: un margen de ganancia contable sobre sus ingresos en 2022 superior al 10%, o un aumento del margen de ganancia en 2022 en relación al 2021 de al menos 20%.
En otro orden, y al responder una consulta sobre la inflación -proyectada según el Presupuesto en 62% anual- Moyano dijo que "es un tema muy complicado y el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos, pero a veces no alcanza".
En este sentido, evaluó el mecanismo de adelantamiento de la discusión paritaria en varios sindicatos para que "el salario no pierda el poder adquisitivo" y reconoció que "el Gobierno nos posibilitó a los gremios que hagamos este acuerdo, reduciendo los meses del acuerdo anterior y posibilitando mejorar el porcentaje para evitar que la inflación sea mayor que el salario".
Tras elogiar las recientes incorporaciones de Daniel Scioli y de Agustín Rossi al Gobierno nacional, Moyano también reclamó mayores retenciones para las exportaciones agropecuarias.
"Es lógico que haya más retenciones, ya que ellos (por el sector agropecuario) son los que más han ganado. Esta gente tiene que colaborar y evitar que mucha gente siga sufriendo", concluyó.
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El PJ presentará un pedido de juicio político contra la jueza Sandra Arroyo Salgado, a raíz de la detención de militantes, funcionarios y concejala opositores implicados en la protesta en la vereda del hogar del legislador odiante José Luis Espert. La denuncia será impulsada por los legisladores Mariano Recalde y Vanesa Siley ante el Consejo de la Magistratura.
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Los abogados de los seis detenidxs por el escrache al diputado libertario José Luis Espert, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y diversas agrupaciones políticas, exigieron su liberación, calificando la situación como una "persecución política, judicial y mediática".
El arresto de un jubilado chaqueño por publicaciones en redes sociales abre un nuevo capítulo en la escalada autoritaria del oficialismo. Bajo el pretexto de recibir amenazas, se refuerza un patrón preocupante: el uso del aparato judicial y policial para silenciar voces críticas y consolidar un clima de miedo y autocensura. No se trata de defender mensajes que promuevan la violencia —toda amenaza real debe investigarse con responsabilidad y no como método persecutorio—
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El gobierno de Córdoba impulsa una obra vial que partiría en dos una reserva estratégica para la biodiversidad, el patrimonio histórico y la provisión de agua en Sierras Chicas. Sin consulta previa y en el marco de un sospechoso canje de tierras federales, organizaciones ambientales y sociales denuncian un nuevo avance del modelo extractivista-inmobiliario.
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En un hecho sin precedentes, empresas de izaje y organizaciones ambientales de Córdoba se movilizan para impedir la extracción de un quebracho blanco de 284 años, símbolo de la biodiversidad y la memoria ambiental de Villa Allende. La Municipalidad confirmó la remoción, pero la resistencia ciudadana y empresarial gana fuerza.
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El exjefe comunal “Minino” Negro, quien ejerció mandato durante 40 años, y su candidato a sucederlo políticamente en las elecciones de 2023 están acusados como instigadores de la usurpación y posterior loteo de terrenos pertenecientes al ferrocarril, donde distintas familias procedentes de Río Cuarto se asentaron y construyeron viviendas en enero de 2023. Otras tres personas irán a juicio como coautoras.
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