A días de vencer el plazo establecido para la presentación se inscribieron tres alianzas para participar de las elecciones municipales del 9 setiembre. Esta vez se votara con boleta de papel.
Córdoba08 de julio de 2018
Sures Noticias
Las ofertas electorales que se inscribieron en la Justicia Electoral de la Provincia fueron Cambiemos integrada por el PRO, la Unión Cívica Radical y el Frente Cívico; Marcos Juárez Somos Todos constituido por el Partido Justicialista y la Unión Vecinal y Marcos Juárez Ciudadana integrada por el kirchnerismo con la alianza de los partidos Frente Grande, Partido Solidario y Partido de la Victoria.
El 11 de julio es el vencimiento para la inscripción de las alianzas, sin embargo los apoderados adelantaron los trámites ante la JEP. publicó el medio local "La Info Semanal". La presentación de las listas de candidatos vence el 10 de agosto aunque los candidatos principales son el actual intendente Pedro Dellarossa por Cambiemos, Eduardo Foresi por Marcos Juárez Somos Todos y Gustavo Tuesca por Marcos Juárez Ciudadana.
Según informo el portal Radio Estación el Ex Presidente de la Asociación Bancaria y dos veces candidato a intendente en nuestra ciudad Juan Carlos Petta volverá a ser de la partida y lo hará por el partido País
El pasado 7 de junio el Intendente Pedro Dellarossa firmó el Decreto N° 125 en el cual convoca al cuerpo electoral de la ciudad de Marcos Juárez para la elección de autoridades municipales.
Sures Noticias consulto al presidente del Partido Frente Grande Horacio Viqueira sobe la elección que se presenta como el primer test electoral de cara a las elecciones nacionales del 2019 "Esperamos hacer una buena elección, a riesgo de la polarización, creemos que hay lugar para una alternativa que enfrente al ajuste es sus versiones locales".
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
El gobierno de Axel Kicillof terminó el borrador de un proyecto que busca garantizar condiciones mínimas de trabajo decente a unos 80 mil repartidores y choferes de plataformas en territorio bonaerense. La norma se plantea como respuesta a la reforma laboral regresiva de Javier Milei y prevé desde paradores obligatorios hasta una app con botón de emergencia para los trabajadores.
Gloria Cisneros recorre en moto los caminos de tierra entre Taco Pozo y el paraje La Sara para dar clases en la escuela rural “Don Carlos Arnaldo Jaime”, donde introdujo tecnología, paneles solares, conectividad e inteligencia artificial en un territorio sin agua potable ni servicios básicos; ahora compite por el Global Teacher Prize 2026 y proyecta construir una residencia estudiantil si gana el premio de un millón de dólares.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.