La defensa de la dirigente social realizará una nueva presentación ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y ante la CIDH.
Argentina06 de enero de 2022
Sures Noticias
Tras haber sido autorizada a realizar un control médico por parte del Poder Judicial -que indicaba que el traslado debía ser realizado por el servicio penitenciario-, la provincia de Jujuy desplegó este miércoles por la tarde un fuerte operativo policial para llevar a Milagro Sala desde el domicilio donde cumple arresto domiciliario hasta el barrio de Ciudad de Nieva, que se encuentra a pocas cuadras de distancia.
Según explicó su defensa, “la orden judicial indicaba que el traslado debía hacerlo el servicio penitenciario como se hace en estos casos”. Sin embargo, la provincia volvió a montar un show y, además del vehículo habitual, el traslado fue acompañado por otros dos móviles y seis motos de la Policía de la Provincia con agentes fuertemente armados por las calles de la capital jujeña. “Esto es parte del proceso de hostigamiento desmesurado que impulsa el gobernador Gerardo Morales y que venimos denunciando desde el primer día de la detención arbitraria”, sostuvieron los abogados de Sala.
En las próximas horas, el equipo de abogados de la dirigente social realizará una presentación ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el continuo proceso de hostigamiento que padece Sala desde que fue detenida en el mes de enero de 2016.
La denuncia que presentará la defensa será acompañada por el CELS y los abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes).
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
El titular de La Bancaria y diputado de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, cuestionó el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei por licuar las sentencias, permitir el pago en cuotas de las indemnizaciones y vulnerar principios constitucionales, y advirtió que los legisladores que lo acompañen serán “básicamente unos delincuentes”.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
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