Quedaron acusados del delito de "homicidio agravado por haber sido perpetrado por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones", el cual prevé la pena de prisión perpetua en un futuro juicio oral.
Argentina20 de noviembre de 2021
Sures Noticias
Los fiscales que investigan el crimen de Lucas González solicitaron la detención de los tres efectivos de la Policía de la Ciudad que participaron del operativo en el que fue asesinado el adolescente el miércoles último en el barrio de Barracas, informaron fuentes judiciales.
Se trata del inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, quienes se desempeñaban en la brigada de Sumarios e Investigaciones de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad.
Los tres quedaron acusados del delito de "homicidio agravado por haber sido perpetrado por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones", el cual prevé la pena de prisión perpetua en un futuro juicio oral.
El pedido fue firmado anoche por los fiscales Leonel Gómez Barbella, a cargo de la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional 32, y el fiscal Andrés Heim, a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).
El juez Martín Carlos Del Viso había delegado en ellos la instrucción de la causa.
"En solo cinco horas se solicitó una batería de medidas y se pidió la detención de los tres policías", dijo a Télam una fuente judicial, que confió que ahora el juez Del Viso debe avalar lo solicitado por el fiscal.
Además, los fiscales pidieron que se dicte el secreto de sumario y rechazaron las eximiciones de prisión que habían solicitado los tres policías involucrados a través de su abogado, Alfredo Oliván.
Para rechazar ese planteo, el fiscal Gómez Barbella y el fiscal Heim consideraron que los imputados "tergiversaron los hechos al momento de informarlos a la autoridad judicial para mejorar su situación procesal, circunstancia que daría cuenta no solo de su voluntad de sustraerse del proceso penal que se le sigue, sino también entorpecer la investigación".
También, entendieron que, estando en libertad, los policías pueden "amedrentar y hostigar a testigos y familiares, mas aún conociendo los pormenores de un proceso penal por la función propia".
"Cabe destacar que este riesgo se torna especialmente grave en investigaciones vinculadas a delitos como los que nos convocan, en los cuales no pueden descartarse que, por su entidad, haya causado repercusiones psíquicas en las víctimas, que impacten negativamente sobre su voluntad de colaborar y testimoniar en el marco de la investigación, en caso de que la libertad de los imputados no sea restringida de momento", señalaron.
Télam
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.