Quedaron acusados del delito de "homicidio agravado por haber sido perpetrado por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones", el cual prevé la pena de prisión perpetua en un futuro juicio oral.
Argentina 20 de noviembre de 2021
Sures Noticias
Los fiscales que investigan el crimen de Lucas González solicitaron la detención de los tres efectivos de la Policía de la Ciudad que participaron del operativo en el que fue asesinado el adolescente el miércoles último en el barrio de Barracas, informaron fuentes judiciales.
Se trata del inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, quienes se desempeñaban en la brigada de Sumarios e Investigaciones de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad.
Los tres quedaron acusados del delito de "homicidio agravado por haber sido perpetrado por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones", el cual prevé la pena de prisión perpetua en un futuro juicio oral.
El pedido fue firmado anoche por los fiscales Leonel Gómez Barbella, a cargo de la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional 32, y el fiscal Andrés Heim, a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).
El juez Martín Carlos Del Viso había delegado en ellos la instrucción de la causa.
"En solo cinco horas se solicitó una batería de medidas y se pidió la detención de los tres policías", dijo a Télam una fuente judicial, que confió que ahora el juez Del Viso debe avalar lo solicitado por el fiscal.
Además, los fiscales pidieron que se dicte el secreto de sumario y rechazaron las eximiciones de prisión que habían solicitado los tres policías involucrados a través de su abogado, Alfredo Oliván.
Para rechazar ese planteo, el fiscal Gómez Barbella y el fiscal Heim consideraron que los imputados "tergiversaron los hechos al momento de informarlos a la autoridad judicial para mejorar su situación procesal, circunstancia que daría cuenta no solo de su voluntad de sustraerse del proceso penal que se le sigue, sino también entorpecer la investigación".
También, entendieron que, estando en libertad, los policías pueden "amedrentar y hostigar a testigos y familiares, mas aún conociendo los pormenores de un proceso penal por la función propia".
"Cabe destacar que este riesgo se torna especialmente grave en investigaciones vinculadas a delitos como los que nos convocan, en los cuales no pueden descartarse que, por su entidad, haya causado repercusiones psíquicas en las víctimas, que impacten negativamente sobre su voluntad de colaborar y testimoniar en el marco de la investigación, en caso de que la libertad de los imputados no sea restringida de momento", señalaron.
Télam
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
A través de un comunicado Abuelas señaló que, por medio de un decreto, el Gobierno pretende eliminar una unidad de investigación fundamental que busca garantizar el derecho a la verdad y a la identidad.
A partir de hoy 1 julio, entran en circulación “Los Chachos”, los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) denominados Chacho. Estos bonos cuentan con diferentes normas de seguridad a tener en cuenta por la población.
Manifestants pertenecientes a sindicatos y movimientos populares, fueron reprimidos y luego detenidos en condiciones irregulares, sin haber estar claros los motivos de las detenciones, fueron trasladados a distintas dependencias policiales. Desde el colectivo ANDHES, del norte del país, interpusieron un recurso de Habeas Corpus frente a la justicia provincial por las personas detenidas.
La Justicia le había dado al Ministerio de Capital Humano 48 horas para informar sobre el tema.
En un operativo desmedido, violento e ilegal, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a Sergio Melo y Damián Pereyra, trabajadores y militantes de la CTA Autónoma.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
En su décima sesión ordinaria del 146° período legislativo, la Legislatura de Córdoba aprobó por mayoría este miércoles -y luego del voto nominal a viva voz de cada legislador- el texto compatibilizado de tres proyectos que expresan preocupación por la situación que atraviesan los trabajadores de los Servicios de Radio y Televisión (SRT). Todos los bloques votaron a favor de la iniciativa conjunta, a excepción de los tres representantes del bloque PRO (se abstuvieron) y del legislador del bloque unipersonal de La Libertad Avanza (votó en contra).
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.