El Ministerio Público Fiscal manifiestó su absoluto rechazo por los términos utilizados por un abogado defensor de Cruz del Eje en una presentación formal y escrita descalificando la labor de una representante de esta institución.
Córdoba07 de junio de 2021
Sures Noticias
El MPF expreso en un comunicado que el acrónimo utilizado, además de atacar el trabajo de la Fiscala y su equipo, resulta particularmente agresivo con los movimientos defensores de los derechos de las mujeres. Tratar de identificar estos movimientos con el nazismo, un régimen que se encuentra en las antípodas y del que nadie puede negar que fue autoritario y genocida, denota un uso banal y desmesurado del lenguaje y el ejercicio irresponsable de la función de defensor.
No toda expresión encuentra protección en el derecho a la libertad de expresión ni toda supuesta defensa se ve amparada por el legítimo y constitucional derecho de defensa. Las expresiones discriminatorias, injuriantes u ofensivas a la dignidad de las personas no encuentran ningún tipo de salvaguarda en los derechos, ni puede invocarse la Constitución precisamente para traicionar su espíritu profundamente democrático.
En el marco de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que exige la promoción de acciones específicas para la igualdad de género, y en ejercicio de la representación de este Ministerio Público Fiscal, se realizarán las presentaciones necesarias para procurar las sanciones correspondientes a las expresiones agresivas vertidas por el abogado.
Respaldamos el trabajo desarrollado por la Fiscala y el equipo de la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, quienes realizaron una investigación con perspectiva de género y satisfaciendo el principio de la debida diligencia reforzada. Igualmente, instamos a las personas que integran el MPF a seguir trabajando desde esta perspectiva que nos exigen los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y que responde a las legítimas expectativas de la comunidad.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que encabeza el ministro Walter Correa, expresó su “más enérgico repudio” al gesto del presidente Javier Milei de regalar el libro “Defendiendo lo indefendible”, cuyo capítulo sobre “el que contrata niños” legitima la explotación laboral de niñas y niños y choca frontalmente con la normativa nacional e internacional vigente.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.