El primer juicio en Catamarca contra un sacerdote católico acusado del delito de abuso sexual en perjuicio de una joven de 16 años comenzará mañana en Catamarca, informaron fuentes judiciales.
Argentina19 de abril de 2021
Sures Noticias
Se trata del juicio contra el sacerdote Juan de Dios Gutiérrez, que debía comenzar el miércoles pasado pero se suspendió "por abandono de la defensa" del acusado.
Gutiérrez será juzgado por el tribunal de la Cámara Penal 3 por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de ser representante de un culto religioso", en perjuicio de una adolescente de 16 años.
El debate se desarrollará de manera virtual debido a la situación sanitaria de la provincia, en tanto el tribunal presidido por Patricia Raquel Olmi, acompañada por los jueces César Marcelo Soria y Jorge Rolando Palacio, será el encargado de impartir justicia en el primer juicio contra un sacerdote en Catamarca.
En tanto que el Ministerio Público Fiscal estará representado por Miguel Mauvecín.
El sacerdote iba a ser juzgado el pasado miércoles, pero la justicia decidió postergar el inicio del debate debido a que el abogado de la defensa, Gustavo Martínez Azar, sostuvo que "no podía seguir el debate de manera remota por problemas de conectividad" y se negó a ingresar al recinto de la Cámara, al aducir que "no estaban dadas las condiciones de salubridad, debido a que en el lugar había casos positivos de Covid-19".
En esta línea, el tribunal de la Cámara Penal N°3 decidió pasar a cuarto intermedio hasta mañana y apartar de la causa al abogado defensor Gustavo Martínez Azar y a su hijo.
Ante esta situación, Gutiérrez se presentó hoy junto a los abogados Martínez Azar padre e hijo, en la sede de Fiscalía General a denunciar a los jueces de aquella Cámara por el apartamiento de los mismos, tras el trunco comienzo del juicio en la semana pasada.
El acusado consideró un abuso de autoridad porque los jueces de la Cámara me nombraron un abogado de oficio: hasta el momento no tengo idea quién es, quién va a ser", dijo Gutiérrez.
Por su parte, Martínez Azar señaló "vamos a ver qué resuelve la Cámara, pero en principio tiene decidido que nosotros no seamos los abogados. Por eso venimos a hacer la denuncia penal".
El hecho por el que será juzgado Gutiérrez, comenzó a ser investigado en 2015, cuando la madre de la víctima de 16 años, presentó una denuncia penal por abuso en la Fiscalía de Belén.
Según consta en la denuncia presentada por la madre, "Gutiérrez dirigía un movimiento juvenil cristiano, al cual su hija ingresó en 2014 y luego de un tiempo el sacerdote habría manipulado a la adolescente para entablar una relación de índole sexual con él y no le permitía hablar con nadie, ni confesarse para no ser descubierto".
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
Gloria Cisneros recorre en moto los caminos de tierra entre Taco Pozo y el paraje La Sara para dar clases en la escuela rural “Don Carlos Arnaldo Jaime”, donde introdujo tecnología, paneles solares, conectividad e inteligencia artificial en un territorio sin agua potable ni servicios básicos; ahora compite por el Global Teacher Prize 2026 y proyecta construir una residencia estudiantil si gana el premio de un millón de dólares.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.