El Gobierno de Córdoba puso en marcha un Observatorio de Violencia de Género, un organismo que unificará los parámetros para el registro de las violencias por razones de género, contra mujeres y personas de la diversidad sexual, se informó oficialmente.
Córdoba07 de abril de 2021
Sures Noticias
El anuncio lo realizó la ministra de la Mujer provincial, Claudia Martínez, en el marco de la primera reunión del Consejo Provincia para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, según detalló un comunicado de la Gobernación.
“Ante la alta demanda social que se presenta en este contexto de recrudecimiento de expresiones de violencia por razones de género, estamos dando respuestas procurando generar cambios en nuestras estructuras y organismos; avanzando con la capacitación en Ley Micaela para las fuerzas de seguridad y agentes del estado”, destacó la funcionaria.
El observatorio estará conformado por las máximas autoridades de los ministerios de la Mujer; de Seguridad; de Justicia y Derechos Humanos.
Además, se propone territorializar la temática para atender las particularidades locales con la creación de consejos a nivel regional.
En ese sentido, el ministro de Justicia y Derechos Humanos cordobés, Julián López, dijo que, con la cooperación interjurisdiccional, se apuesta a “garantizar un pleno reconocimiento de los derechos que son fundamentales para la protección de la integridad física y psicológica de cada una de las mujeres”.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, puso a disposición el Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana como herramienta para diagnósticos y diseño de las política públicas en materia de prevención sobre la temática.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que encabeza el ministro Walter Correa, expresó su “más enérgico repudio” al gesto del presidente Javier Milei de regalar el libro “Defendiendo lo indefendible”, cuyo capítulo sobre “el que contrata niños” legitima la explotación laboral de niñas y niños y choca frontalmente con la normativa nacional e internacional vigente.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.