
La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
El Gobierno de Córdoba puso en marcha un Observatorio de Violencia de Género, un organismo que unificará los parámetros para el registro de las violencias por razones de género, contra mujeres y personas de la diversidad sexual, se informó oficialmente.
Córdoba07 de abril de 2021
Sures Noticias
El anuncio lo realizó la ministra de la Mujer provincial, Claudia Martínez, en el marco de la primera reunión del Consejo Provincia para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, según detalló un comunicado de la Gobernación.
“Ante la alta demanda social que se presenta en este contexto de recrudecimiento de expresiones de violencia por razones de género, estamos dando respuestas procurando generar cambios en nuestras estructuras y organismos; avanzando con la capacitación en Ley Micaela para las fuerzas de seguridad y agentes del estado”, destacó la funcionaria.
El observatorio estará conformado por las máximas autoridades de los ministerios de la Mujer; de Seguridad; de Justicia y Derechos Humanos.
Además, se propone territorializar la temática para atender las particularidades locales con la creación de consejos a nivel regional.
En ese sentido, el ministro de Justicia y Derechos Humanos cordobés, Julián López, dijo que, con la cooperación interjurisdiccional, se apuesta a “garantizar un pleno reconocimiento de los derechos que son fundamentales para la protección de la integridad física y psicológica de cada una de las mujeres”.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, puso a disposición el Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana como herramienta para diagnósticos y diseño de las política públicas en materia de prevención sobre la temática.

La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.

La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.

La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.

La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.

Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.

En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.

La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.

El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.

La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.

El 23 de abril de 2026 comenzará en La Plata el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, en una causa que busca fijar responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado a 50 años del golpe.