El Gobierno de Córdoba puso en marcha un Observatorio de Violencia de Género, un organismo que unificará los parámetros para el registro de las violencias por razones de género, contra mujeres y personas de la diversidad sexual, se informó oficialmente.
Córdoba07 de abril de 2021
Sures Noticias
El anuncio lo realizó la ministra de la Mujer provincial, Claudia Martínez, en el marco de la primera reunión del Consejo Provincia para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, según detalló un comunicado de la Gobernación.
“Ante la alta demanda social que se presenta en este contexto de recrudecimiento de expresiones de violencia por razones de género, estamos dando respuestas procurando generar cambios en nuestras estructuras y organismos; avanzando con la capacitación en Ley Micaela para las fuerzas de seguridad y agentes del estado”, destacó la funcionaria.
El observatorio estará conformado por las máximas autoridades de los ministerios de la Mujer; de Seguridad; de Justicia y Derechos Humanos.
Además, se propone territorializar la temática para atender las particularidades locales con la creación de consejos a nivel regional.
En ese sentido, el ministro de Justicia y Derechos Humanos cordobés, Julián López, dijo que, con la cooperación interjurisdiccional, se apuesta a “garantizar un pleno reconocimiento de los derechos que son fundamentales para la protección de la integridad física y psicológica de cada una de las mujeres”.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, puso a disposición el Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana como herramienta para diagnósticos y diseño de las política públicas en materia de prevención sobre la temática.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Cámara Federal de Apelaciones frena por 60 días la privatización impulsada por Bullbarrel S.A., que planeaba un bar en el sitio de secuestros y torturas durante la dictadura. Sobrevivientes y organismos reclaman preservación como espacio de memoria histórica.
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
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En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.