El Gobierno de Córdoba puso en marcha un Observatorio de Violencia de Género, un organismo que unificará los parámetros para el registro de las violencias por razones de género, contra mujeres y personas de la diversidad sexual, se informó oficialmente.
Córdoba07 de abril de 2021
Sures Noticias
El anuncio lo realizó la ministra de la Mujer provincial, Claudia Martínez, en el marco de la primera reunión del Consejo Provincia para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, según detalló un comunicado de la Gobernación.
“Ante la alta demanda social que se presenta en este contexto de recrudecimiento de expresiones de violencia por razones de género, estamos dando respuestas procurando generar cambios en nuestras estructuras y organismos; avanzando con la capacitación en Ley Micaela para las fuerzas de seguridad y agentes del estado”, destacó la funcionaria.
El observatorio estará conformado por las máximas autoridades de los ministerios de la Mujer; de Seguridad; de Justicia y Derechos Humanos.
Además, se propone territorializar la temática para atender las particularidades locales con la creación de consejos a nivel regional.
En ese sentido, el ministro de Justicia y Derechos Humanos cordobés, Julián López, dijo que, con la cooperación interjurisdiccional, se apuesta a “garantizar un pleno reconocimiento de los derechos que son fundamentales para la protección de la integridad física y psicológica de cada una de las mujeres”.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, puso a disposición el Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana como herramienta para diagnósticos y diseño de las política públicas en materia de prevención sobre la temática.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
La identificación fue efectuada por el Equipo Argentino de Antropología Forense utilizando restos óseos hallados en una fosa de inhumación clandestina situada en las instalaciones del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Argañaraz fue secuestrado en 1977 en la localidad de Monteros, en la provincia de Tucumán, junto a su hermano.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.