El Centro de ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) lanzarán hoy la campaña pública "Yo también hablo", destinada a soldados conscriptos que también hayan sufrido torturas y malos tratos por parte de sus militares superiores durante el conflicto bélico y que hasta la fecha no lo hayan contado.
Argentina 02 de abril de 2021
Sures Noticias
La iniciativa se lanzará en el marco de la conmemoración de los 39 años de ese conflicto bélico, precisó un comunicado de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
"Si durante la guerra de Malvinas sufriste maltratos, violencia y torturas por parte de tus superiores, es tiempo de contarlo. No estás solo, vamos a acompañarte. Porque fueron crímenes de lesa humanidad y necesitamos justicia", dice una de las piezas de concientización de la campaña que impulsan los excombatientes.
La campaña "Yo también hablo" no es sólo una campaña de concientización sino un espacio de contención y escucha para que las víctimas de torturas y tormentos encuentren un lugar donde poder narrar lo vivido e inscribir ese sufrimiento personal en la historia y en la justicia.
Para quienes quieran hacer denuncias las vías de comunicación son por correo electrónico a [email protected] o al teléfono al 0221-4262900.
Tanto la CPM como el Cecim son querellantes en la causa que investiga las torturas en Malvinas con trámite en el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego: la causa 1777/07 se inició en 2007, tiene a 95 militares imputados y más de 120 víctimas de distintas unidades militares que participaron en el conflicto.
Entre las torturas que se denuncian en el expediente judicial, se mencionan los estaqueos y enterramientos bajo temperaturas extremas y suelo congelado durante varias horas, amenazas con arma de fuego, sumersión de la cabeza en agua helada, entre otras.
Cuatro miembros de las Fuerzas Armadas ya fueron procesados por estos crímenes en febrero del año pasado y en las próximas semanas, entre el 13 y el 22 de abril, otros seis militares deberán prestar declaración indagatoria acusados de imponer tormentos a más de 20 soldados pertenecientes al Regimiento de Infantería Nº 5 del Ejército Argentino.
Muchos años antes de que se iniciara la causa, las organizaciones de excombatientes habían denunciado que fueron torturados y, a 39 años, los testimonios de los soldados en el expediente judicial demuestran con total claridad que, en las islas, los altos mandos militares replicaron la maquinaria represiva de la dictadura militar.
Esos mismos testimonios permiten dar cuenta que, durante el conflicto bélico, la tortura a los saldados por parte de sus superiores fue una práctica sistemática, ejercida como forma de disciplinamiento.
Días atrás, la CPM y el Cecim pidieron que el predio donde funcionó el Regimiento de Infantería Mecanizada N° 7 sea declarado sitio de memoria.
Diversos procesos judiciales confirman que el lugar fue utilizado como centro de detención y que el personal intervino en operativos de secuestro, detención y asesinatos.
También que dos bebés apropiados fueron registrados, en sus partidas de nacimiento, con domicilio en el Regimiento.
El jueves pasado, la policía provincial con orden de la fiscal Marina Villagra, reprimió a las familias de la comunidad indígena Peñas Negras ubicada en el departamento de Belén, Catamarca.
La cartera de Defensa, que encabeza Luis Petri, despidió a 10 de los 13 trabajadores de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de Archivos de las Fuerzas Armadas y el Equipo del Sistema de Archivos para la Defensa, programas cruciales para las políticas de promoción y protección de los derechos humanos en el país, así como de la democratización de las fuerzas armadas.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó sobre la decisión de realizar una auditoría. Con ello, buscan identificar irregularidades en los procesos y consideran solicitar la devolución de fondos otorgados incorrectamente.
El abogado Javier Garin criticó la subestimación del número de desaparecidos, la justificación de un estado de "guerra", la afirmación de que se cometieron "excesos" en lugar de un plan sistemático de exterminio, y el uso de la violencia insurgente anterior como argumento exculpatorio para los condenados por crímenes de lesa humanidad.
El Gobierno oficializó en las últimas horas la suspensión de más de 9 mil cooperativas y pidió a otras 7 mil presentar documentación en los próximos días para poder seguir funcionando. Desde las organizaciones afectadas denuncian que estas medidas buscan “quebrar toda resistencia popular” para llevar adelante “un plan de miseria planificada”.
La comunidad educativa protagonizó una inédita jornada en rechazo al ajuste presupuestario dispuesto por el gobierno de Milei. Estiman que se movilizó un millón y medio de personas a lo largo y ancho de la Argentina.
En el día de ayer en sede de Tribunales Provinciales II, se realizó una presentación de acción judicial de un Hábeas Corpus preventivo, llevada adelante por Eugenia Scarpinello, abogada y militante por los DDHH, quien fuera intimidada por fuerzas policiales provinciales en ocasión del ejercicio de su trabajo profesional.
Convocada en defensa de la Universidad Pública, será en las principales ciudades del país: Buenos Aires, Córdoba, Río Cuarto, Villa María y en otras ciudades del país. En Córdoba la marcha partirá a las 11 hs. desde el monumento de la Reforma, en Ciudad Universitaria, y se dirigirá al Patio Olmos, donde se leerá un documento. La jornada de lucha se extensiva durante todo el día. Jhon Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba no participara de la movilización en Córdoba.
El evento se llevó a cabo en el museo de Antropología, de 15 hs a 20 hs, en Córdoba. El mismo estuvo organizado por la Red de DDHH en contexto de encierro Córdoba, red que se gestó en el año 2023, conformada por diversas organizaciones sociales, familiares de detenidos y espacios universitarios que trabajan con el tema pertenecientes a la universidad Nacional de Córdoba.
La comunidad educativa protagonizó una inédita jornada en rechazo al ajuste presupuestario dispuesto por el gobierno de Milei. Estiman que se movilizó un millón y medio de personas a lo largo y ancho de la Argentina.
En Córdoba se llevaron adelante manifestaciones en distintos lugares de la provincia: Córdoba Capital, Villa Maria, Río Cuarto, Alta Gracia, entre otras. En capital la multitud llego a Plaza Tosco y luego de la lectura del documento se extendió la jornada de lucha. Multitudes congregadas en las grandes y medianas ciudades del país, donde están afincadas la mayoría de las 57 universidades nacionales, salieron a las calles y a las plazas para aunar su voz en defensa de la educación y la ciencia públicas y en contra de la licuadora y la motosierra que la administración encabezada por Javier Milei aplica al sistema universitario argentina.
El fiscal Fabián Canda consideró que debía admitirse la acción de amparo interpuesta por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de obtener datos sobre la normativa que regula las misiones, funciones, estructuras y actividades de inteligencia criminal de las cuatro fuerzas de Seguridad federales.