Realizarán la presentación de un documento y una Feria de Medios Autogestivos, en la Plaza del Congreso, el próximo 30 de marzo, de 16 a 18 hs.
Argentina29 de marzo de 2021
Sures Noticias
Con la intención de contar con una distribución justa, federal y equitativa de la Pauta Pública Oficial, desde julio de 2020 diversas federaciones, redes y sindicatos de la comunicación se reúnen para debatir y consensuar un documento que exprese múltiples propuestas.
Dicho escrito, que será presentado el próximo 30 de marzo, pretende ser el origen de una Ley que permita la distribución de la Pauta Pública Oficial para garantizar el derecho a la información del pueblo, con un criterio de equidad y transparencia.
Fortalecer el entramado de medios de comunicación cooperativos y autogestivos, que expresan la pluralidad de voces y preservan las fuentes de trabajo, también depende de contar con Pauta Pública Oficial del Estado Nacional, además de las pautas provinciales y municipales.
Durante la actividad se presentará, además, un relevamiento realizado por este espacio en relación a la situación en estos medios de comunicación. De allí se deprende la existencia de la enorme precariedad con la que se sostienen casi 200 medios de comunicación de la democracia, en los que trabajan más de 2 mil personas.
La actividad de presentación del documento hacia un proyecto de Ley se concretará el martes 30 de marzo, de 16 a 18 horas, con una Feria de Medios Autogestivos y otras actividades en Plaza del Congreso. Asistirán lxs referentxs de las federaciones, redes y sindicatos de la comunicación.
Participan del espacio por una Pauta Pública Oficial: Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADICCRA), Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA), Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA), Federación Gráfica Bonaerense (FGB), Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), Sindicato de Prensa de Rosario, Red de Medios Digitales (RMD), Diario Tiempo Argentino y El Ciudadano, ambos integrantes de la Red de Diarios Recuperados, Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (SIVENDIA) y Circulo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Familiares, amigos y organizaciones sociales reclaman la inmediata liberación de Gonzalo Emmanuel Videla Castro, imputado por supuesto incendio doloso del pino navideño en el centro mendocino tras participar en manifestaciones contra la minería. Hoy, a las 10 horas, se realiza la audiencia de control jurisdiccional en el Polo Judicial para definir su situación procesal, en medio de denuncias por criminalización de la protesta ambiental.
Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y el socialista Esteban Paulón promovieron un amparo para suspender el DNU 941/2025, que reformó la Ley de Inteligencia y convirtió a la SIDE en órgano central del sistema, con facultades propias de las fuerzas de seguridad. Sostienen que el decreto es inconstitucional, vulnera la división de poderes y abre la puerta a un modelo de Estado policial.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que, desde que rige el DNU 274/2024, la jubilación mínima sin bono perdió casi un tercio de su valor frente al esquema anterior, mientras el Gobierno exhibe el ajuste previsional como pilar del superávit fiscal; el fin de la moratoria y el congelamiento del bono agravan la exclusión y la pobreza entre adultos mayores.
Según el relevamiento anual de la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2025 una familia tipo necesitó casi $580 mil para no ser indigente y más de $1,28 millones para no caer bajo la línea de pobreza, en un año marcado por fuertes aumentos en carnes y alimentos industrializados, y una desaceleración general respecto de los años previos.
El vecino de Córdoba describió con detalle dos episodios de vigilancia protagonizados por una camioneta del Ministerio de Seguridad de la Nación frente a inmuebles de su propiedad, sin embargo la Cámara Federal rechazó su hábeas corpus preventivo y desoyó el núcleo de su preocupación: saber si el Estado lo estaba siguiendo sin causa ni control judicial.
El ajuste de Milei dejo al Servicio Nacional de Manejo del Fuego con 70-81% menos de recursos, mientras focos en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén consumen miles de hectáreas y amenazan comunidades. Diputados opositores piden emergencia ígnea y fondos urgentes; brigadistas precarizados luchan sin apoyo nacional.
La Provincia modificará la forma de calcular el Índice de Precios al Consumidor para preservar la comparabilidad con las estadísticas nacionales y porteñas, en un contexto de críticas a la metodología del INDEC por el uso de una canasta desactualizada y ponderaciones que habrían subestimado la inflación y sus efectos sociales.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.