El MPF reglamentó el funcionamiento de la Unidad Contravencional de Violencia de Género con el objetivo de intervenir tempranamente en conflictos de género de menor intensidad procurando impedir que se agraven o deriven en hechos violentos de mayor gravedad.
Córdoba22 de febrero de 2021
Sures Noticias
La Unidad tiene a cargo resolver las contravenciones ocurridas en la ciudad de Córdoba en ámbitos públicos, privados y en entornos digitales cuando mediare violencia por razones de género ejercida contra mujeres o personas integrantes del colectivo de la diversidad/disidencia sexo-genérica. De esta forma, se establece un marco de protección contra las acciones y omisiones que afecten la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual o económica basada en una relación desigual de poder o motivada por actitudes de odio o prejuicio hacia la orientación sexual, la expresión y/o la identidad de género.
En ese marco, los lineamientos con los que trabaja el MPF apuntan a consolidar una mirada transversal de género, brindar un trato digno respetando la identidad autopercibida, incorporar un lenguaje claro y proveer respuestas integrales bajo una perspectiva interinstitucional que tiendan a la construcción de un sistema integral de gestión de la conflictividad.
La Unidad Contravencional de Violencia de Género está a cargo de la Dra. Mariana Pinque y funciona en el Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia, en la calle Entre Ríos 680, teléfono 554-9554.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.