El Gobierno nacional destinará este año más de $ 58.000 millones a programas de inclusión en el ámbito educativo, para posibilitar una mayor inserción, continuidad, permanencia y finalización de los estudios por parte de las alumnas y los alumnos de los diferentes niveles, especialmente aquellos que provienen de sectores vulnerables.
Argentina15 de febrero de 2021
Sures Noticias
El presupuesto del Ministerio de Educación para 2021 contempla la inversión de $ 27.085.763.389 para el programa Progresar, que otorga un aporte mensual de $ 2.100 por estudiante de 18 a 24 años para completar sus estudios, con excepción de las y los pertenecientes a pueblos originarios y jefas de hogar, cuyo tope se extiende hasta los 30; y de las personas trans y travestis, para quienes no hay límite de edad.
Asimismo, habrá un desembolso de $ 25.730.996.398 para la construcción de nuevos jardines de infantes, de manera de ampliar la cobertura de la educación para niñas y niños 3 a 5 años en todo el país.
Además, el relanzamiento de las notebooks educativas, bajo la denominación Plan Federal Juana Manso, significará por parte del Estado la erogación de $ 13.576.543.594 para la adquisición de equipamiento informático y provisión de conectividad a los estudiantes.
Otros programas de inclusión educativa que insumirán importantes recursos del Presupuesto son los de Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica, con $ 9.400 millones; Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, con $ 6.132.345.976; y el Plan Nacional de Lecturas, con $ 3.255.741.129.
Esto totaliza una inversión de $ 58.095.627.097 en programas de inclusión, que significa un 14,62% del presupuesto educativo para este año, que alcanza a $ 397.164.639.932.
"Los objetivos de la política presupuestaria reflejan prioritariamente la atención de las poblaciones excluidas, en situación de vulnerabilidad y necesidad, en particular, de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que se encuentran fuera del sistema educativo, con estudios obligatorios interrumpidos o que requieren de acompañamientos pedagógicos específicos en sus trayectorias escolares para acceder o reingresar, promover y egresar de la escolaridad obligatoria", subraya el presupuesto educativo entre sus objetivos principales.
Del total destinado a programas de inclusión, el Progresar representa casi la mitad, con un 46,62%, y un aumento del 94,74% con respecto al 2020.
El objetivo es aumentar más la cobertura y llegar a 750.000 estudiantes, según lo anunció el ministro de Educación, Nicolás Trotta, a fines del mes pasado.
De esta manera, se incrementará la cantidad de beneficiarios en un 36% en comparación con los 550.000 de 2020.
Según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), "en 2015 se registraron 724.439 jóvenes (en el Progresar), 816.006 en 2016, 776.668 en 2017 y 584.498 en 2018, mientras que en 2019 se registraron sólo 423.926".
"Ello representa una caída del 48% en la cobertura del programa respecto de 2016 y de 42% respecto de 2015", puntualizó el CEPA sobre la evolución del Progresar durante el gobierno de Mauricio Macri.
En la misma línea, un análisis de María Laura Lombardía, investigadora del Centro de Estudios Ciudad (CEC) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), concluyó que, "durante la gestión de Cambiemos, se verificó el estancamiento y retroceso del Progresar, política que había estado en expansión permanente durante los dos años anteriores".
Al respecto, indicó que "el programa sufrió fuertes recortes presupuestarios que impactaron tanto en su cobertura como en el monto y la calidad de la prestación".
En consecuencia, para el Gobierno, "resulta fundamental, entonces, la asignación de recursos para recuperar y garantizar a todos y todas el acceso, las condiciones para la permanencia y el egreso en los niveles y modalidades del sistema educativo, y orientar la acción estatal en el sentido de las necesidades de desarrollo y crecimiento de la Argentina, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación".
En cuanto a la construcción de jardines de infantes, si bien la totalidad de recursos destinados es de $ 25.730.996.398, gran parte de estos se transferirán a unidades ejecutoras provinciales.
En lo inmediato, la Nación trazó un plan de construcción de 202 jardines por $ 6.124.997.717; de los cuales en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se edificarán 30 jardines, con una inversión de $ 1.181.876.383; en la región centro y norte bonaerense, 18 establecimientos que representarán desembolsos por $ 678.451.151; y en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, 21 espacios educativos para niñas y niños de 3 a 5 años, con recursos por $ 735.625.249.
En la región de Cuyo y la provincia de Córdoba, se levantarán 39 jardines, para lo cual el Estado Nacional erogará $ 1.060.535.866; en el Noreste Argentino (NEA), serán 48 centros educativos, con una inversión de $ 1.100.358.363; y en el Noroeste Argentino (NOA), se construirán 46 establecimientos que demandarán recursos por $ 1.368.150.705.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Familiares, amigos y organizaciones sociales reclaman la inmediata liberación de Gonzalo Emmanuel Videla Castro, imputado por supuesto incendio doloso del pino navideño en el centro mendocino tras participar en manifestaciones contra la minería. Hoy, a las 10 horas, se realiza la audiencia de control jurisdiccional en el Polo Judicial para definir su situación procesal, en medio de denuncias por criminalización de la protesta ambiental.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que, desde que rige el DNU 274/2024, la jubilación mínima sin bono perdió casi un tercio de su valor frente al esquema anterior, mientras el Gobierno exhibe el ajuste previsional como pilar del superávit fiscal; el fin de la moratoria y el congelamiento del bono agravan la exclusión y la pobreza entre adultos mayores.
Durante enero de 2026, la Agencia Córdoba Cultura ajusta los horarios de museos y centros culturales en la ciudad de Córdoba: la mayoría abrirá de martes a domingos de 13 a 19.30, mientras que un museo tendrá atención matutina y seis espacios permanecerán cerrados por el receso estival.
Según el relevamiento anual de la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2025 una familia tipo necesitó casi $580 mil para no ser indigente y más de $1,28 millones para no caer bajo la línea de pobreza, en un año marcado por fuertes aumentos en carnes y alimentos industrializados, y una desaceleración general respecto de los años previos.
El ajuste de Milei dejo al Servicio Nacional de Manejo del Fuego con 70-81% menos de recursos, mientras focos en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén consumen miles de hectáreas y amenazan comunidades. Diputados opositores piden emergencia ígnea y fondos urgentes; brigadistas precarizados luchan sin apoyo nacional.
La Provincia modificará la forma de calcular el Índice de Precios al Consumidor para preservar la comparabilidad con las estadísticas nacionales y porteñas, en un contexto de críticas a la metodología del INDEC por el uso de una canasta desactualizada y ponderaciones que habrían subestimado la inflación y sus efectos sociales.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.