Un proyecto de ley que eleva hasta 25 años de prisión la pena para los responsables de iniciar incendios forestales y que propone la modificación del Código Penal y la Ley de Manejo del Fuego fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación.
Argentina03 de febrero de 2021
Sures Noticias
La iniciativa, presentada por el diputado nacional por la provincia de Río Negro, Luis Di Giacomo, eleva las penas para los responsables de incendios forestales, las que podrían llegar a 25 años de prisión en caso de pérdidas de vidas humanas.
“Necesitamos sanciones firmes para crear conciencia e incentivar un mayor cuidado del medio ambiente”, dijo Di Giacomo en un comunicado.
El proyecto propone penas de reclusión o prisión de tres a diez años a quien cause incendios forestales; de cuatro a 12 años si el objetivo es obtener un lucro o beneficio económico.
De cinco a 15 años si el incendio forestal fuera producido o alcanzare áreas de Interfase, Parques y Reservas Naturales tanto Nacionales, Provinciales, Municipales, Reservas del Patrimonio de la Humanidad o de la Biosfera o áreas protegidas.
También solicita penas de cinco a 15 años si hubiere peligro de muerte para alguna persona; y de ocho a 25 años si se produjera la muerte durante el incendio o en forma inmediata de alguna persona a causa del mismo.
Además, si el culpable fuera funcionario público, sufrirá inhabilitación especial de cinco a quince años.
En cuanto a las sanciones, propone elevar las multas que serán de entre diez y quinientos sueldos básicos de la categoría inicial de la Administración Pública Nacional, para aquellas jurisdicciones que no cuenten con un régimen sancionatorio, y se incluye el trabajo comunitario “como una forma de reparar el daño realizado a la comunidad”.
“Los incendios intencionales suceden constantemente, tanto en Río Negro como en otras provincias, y provocan enormes destrozos en términos ecológicos y ambientales, además de costosas pérdidas materiales y posibles pérdidas de vidas humanas”, completó Di Giacomo.
Diciembre registró una suba de precios del 2,8% y completó el séptimo mes consecutivo de aceleración. Mientras la inflación anual fue de 31,5%, una familia tipo necesita más de 1,3 millones de pesos para no ser pobre y los principales cortes de carne aumentaron más de 70% en un año.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
Según el relevamiento anual de la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2025 una familia tipo necesitó casi $580 mil para no ser indigente y más de $1,28 millones para no caer bajo la línea de pobreza, en un año marcado por fuertes aumentos en carnes y alimentos industrializados, y una desaceleración general respecto de los años previos.
Este viernes 16 de enero, en la Casa de los Trabajadores, se realizará un acto con diálogo abierto, presentaciones artísticas y reclamos contra la persecución política y encarcelamiento de Milagro Sala bajo los gobiernos de Macri, Fernández y Milei. Participan e invitan referentes y organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos. La actividad es promovida por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
Diciembre registró una suba de precios del 2,8% y completó el séptimo mes consecutivo de aceleración. Mientras la inflación anual fue de 31,5%, una familia tipo necesita más de 1,3 millones de pesos para no ser pobre y los principales cortes de carne aumentaron más de 70% en un año.
El colectivo político-cultural recordó ayer con emoción a su compañero fallecido y agradeció la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales que acompañaron a la comunidad Tinku.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.