Un proyecto de ley que eleva hasta 25 años de prisión la pena para los responsables de iniciar incendios forestales y que propone la modificación del Código Penal y la Ley de Manejo del Fuego fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación.
Argentina03 de febrero de 2021
Sures Noticias
La iniciativa, presentada por el diputado nacional por la provincia de Río Negro, Luis Di Giacomo, eleva las penas para los responsables de incendios forestales, las que podrían llegar a 25 años de prisión en caso de pérdidas de vidas humanas.
“Necesitamos sanciones firmes para crear conciencia e incentivar un mayor cuidado del medio ambiente”, dijo Di Giacomo en un comunicado.
El proyecto propone penas de reclusión o prisión de tres a diez años a quien cause incendios forestales; de cuatro a 12 años si el objetivo es obtener un lucro o beneficio económico.
De cinco a 15 años si el incendio forestal fuera producido o alcanzare áreas de Interfase, Parques y Reservas Naturales tanto Nacionales, Provinciales, Municipales, Reservas del Patrimonio de la Humanidad o de la Biosfera o áreas protegidas.
También solicita penas de cinco a 15 años si hubiere peligro de muerte para alguna persona; y de ocho a 25 años si se produjera la muerte durante el incendio o en forma inmediata de alguna persona a causa del mismo.
Además, si el culpable fuera funcionario público, sufrirá inhabilitación especial de cinco a quince años.
En cuanto a las sanciones, propone elevar las multas que serán de entre diez y quinientos sueldos básicos de la categoría inicial de la Administración Pública Nacional, para aquellas jurisdicciones que no cuenten con un régimen sancionatorio, y se incluye el trabajo comunitario “como una forma de reparar el daño realizado a la comunidad”.
“Los incendios intencionales suceden constantemente, tanto en Río Negro como en otras provincias, y provocan enormes destrozos en términos ecológicos y ambientales, además de costosas pérdidas materiales y posibles pérdidas de vidas humanas”, completó Di Giacomo.
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El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
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La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
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