
La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
Integrantes de Asambleas Ambientales de Punilla, Paravachasca y Capital se manifestaron frente a la Legislatura desde las 15 hs.
Córdoba23 de diciembre de 2020
Sures Noticias
Las asambleas Ambientales se movilizaron este miércoles a la Legislatura de Córdoba en repudio del proyecto de la nueva traza de la Ruta nacional N°38, que incluye modificaciones también en la Ruta 5.
El proyecto declara de “utilidad pública, sujeto a expropiación para ejecución de las obras” de terrenos necesarios para el primer tramo de la nueva vía, de cuatro carriles, entre la Variante Costa Azul y la localidad de Molinari.
“¿Millones para Autovía y no para agua potable? ¡Punilla otra vez de pie! Una vez más, quienes habitamos el valle de Punilla, vivimos otro atropello. Quieren aprobar un presupuesto de millones para lograr una autovía sin informar un proyecto definido, ni garantizar participación ciudadana en las decisiones, endeudándonos por generaciones”, manifestaron los convocantes
Desde la Asamblea Paravachasca manifestaron que el tratamiento del proyecto de expropiación enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura, para la obra de Variante ruta provincial N 5 nos involucra, por esto nos hicimos presentes.
“Una vez más desde el oficialismo cordobesista pretenden imponernos un modelo de supuesto #progreso que avasalla nuestro derecho a un ambiente sano y a decidir sobre nuestro territorio. Otra vez, pretenden avanzar con un proyecto ni siquiera consultado con lxs vecinxs. Mienten sobre la #conectividad cuando por detrás está la #IIRSA y la profundización del saqueo y el extractivismo” concluyeron desde las asambleas.




La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.

La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.

La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.

El gobierno de Axel Kicillof terminó el borrador de un proyecto que busca garantizar condiciones mínimas de trabajo decente a unos 80 mil repartidores y choferes de plataformas en territorio bonaerense. La norma se plantea como respuesta a la reforma laboral regresiva de Javier Milei y prevé desde paradores obligatorios hasta una app con botón de emergencia para los trabajadores.

La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.

En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.

La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.

El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.

La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.

El 23 de abril de 2026 comenzará en La Plata el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, en una causa que busca fijar responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado a 50 años del golpe.