La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, desmintió versiones periodísticas que la acusaban de poseer una cuenta bancaria en el exterior junto a su marido, y sostuvo que "algún irresponsable quiere ensuciar a los que venimos a cambiar la Argentina".
Argentina 23 de diciembre de 2020
Sures Noticias
En respuesta a lo publicado por el sitio El Disenso y a las declaraciones vertidas en Radio 10 por Tomás Méndez, "quiero aclarar que no tengo ninguna 'offshore' y mi marido tampoco; no tengo relación con el exministro Garavano ni con mesa judicial alguna", publicó anoche Losardo en su cuenta de Twitter.
De esta manera, la funcionaria desmintió una publicación del portal de noticias El Disenso y declaraciones vertidas por el periodista Tomás Méndez en radio 10.
"Trabajé como abogada asesorando en lo técnico al exsubsecretario de Derechos Humanos y exalumno de Alberto. Me pidieron la renuncia cuando se me exigía callar las críticas de Alberto Fernández al gobierno de (Mauricio) Macri, a lo que obviamente no accedí y me despidieron", reseñó en un hilo de Twitter.
También señaló que su marido, Fernando Mitjans, "es miembro del Tribunal de Disciplina de AFA desde 1985, es escribano y me llena de orgullo su calidad profesional y su honestidad".
"Mi esposo no impulsó ni tiene vinculación con empresas de viandas. Repito, es escribano. Tampoco tengo trato con Eduardo Casal (procurador general interino de la Nación), Diego Iglesias ni con Casanovas. Y no conozco a Busaniche", añadió.
En esa línea, la ministra aclaró: "No tengo ni tuve relación con operadores judiciales. No fui, no soy ni seré operadora judicial. Mi relación con la Justicia es y será siempre institucional. En mi currículum constan todos mis cargos".
Subrayó además que "Emiliano Blanco se desempeña en el Ministerio de Justicia desde 2005 en forma ininterrumpida, no soy su vecina ni se dónde vive".
"Parece que algún irresponsable quiere ensuciar a los que venimos a cambiar la Argentina", concluyó su publicación.
A través de su cuenta en X HIJOS Informó que fue excarcelado Juan Carlos Rolón, genocida de la ESMA condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad La decisión fue tomada por la jueza Palliotti y el juez Castelli (Comodoro Py), en su breve comunicado la organización de DDHH afirmó: "El único lugar para un genocida es la cárcel común".
“Recibió una amenaza por escrito contra ella y su familia en su domicilio particular”. El comunicado emitido por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo filial Rosario y H.I.J.O.S. Rosario indica que han denunciado un reciente acto de violencia dirigido a una activista de derechos humanos de dichas organizaciones, quien participa en procesos judiciales relacionados con crímenes de lesa humanidad.
El fiscal Fabián Canda consideró que debía admitirse la acción de amparo interpuesta por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de obtener datos sobre la normativa que regula las misiones, funciones, estructuras y actividades de inteligencia criminal de las cuatro fuerzas de Seguridad federales.
El abogado Javier Garin criticó la subestimación del número de desaparecidos, la justificación de un estado de "guerra", la afirmación de que se cometieron "excesos" en lugar de un plan sistemático de exterminio, y el uso de la violencia insurgente anterior como argumento exculpatorio para los condenados por crímenes de lesa humanidad.
Los culpables de la denominada Noche de los Lápices, donde ocurrieron crímenes de lesa humanidad en los pozos de Quilmes, Banfield y Brigada de Lanús, han sido condenados a cadena perpetua hoy por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata tras un proceso judicial de diez años.
El Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos repudió enfáticamente al procurador Eduardo Casal por el llamado de atención que efectuó al fiscal Miguel Ángel Palazzani por haber enviado el 28 de marzo un oficio al Ministro de Defensa, Luis Petri, solicitándole que preserve toda la documentación en poder de las Fuerzas Armadas correspondientes al período 1976/1983.
En el día de ayer en sede de Tribunales Provinciales II, se realizó una presentación de acción judicial de un Hábeas Corpus preventivo, llevada adelante por Eugenia Scarpinello, abogada y militante por los DDHH, quien fuera intimidada por fuerzas policiales provinciales en ocasión del ejercicio de su trabajo profesional.
Convocada en defensa de la Universidad Pública, será en las principales ciudades del país: Buenos Aires, Córdoba, Río Cuarto, Villa María y en otras ciudades del país. En Córdoba la marcha partirá a las 11 hs. desde el monumento de la Reforma, en Ciudad Universitaria, y se dirigirá al Patio Olmos, donde se leerá un documento. La jornada de lucha se extensiva durante todo el día. Jhon Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba no participara de la movilización en Córdoba.
El evento se llevó a cabo en el museo de Antropología, de 15 hs a 20 hs, en Córdoba. El mismo estuvo organizado por la Red de DDHH en contexto de encierro Córdoba, red que se gestó en el año 2023, conformada por diversas organizaciones sociales, familiares de detenidos y espacios universitarios que trabajan con el tema pertenecientes a la universidad Nacional de Córdoba.
La comunidad educativa protagonizó una inédita jornada en rechazo al ajuste presupuestario dispuesto por el gobierno de Milei. Estiman que se movilizó un millón y medio de personas a lo largo y ancho de la Argentina.
En Córdoba se llevaron adelante manifestaciones en distintos lugares de la provincia: Córdoba Capital, Villa Maria, Río Cuarto, Alta Gracia, entre otras. En capital la multitud llego a Plaza Tosco y luego de la lectura del documento se extendió la jornada de lucha. Multitudes congregadas en las grandes y medianas ciudades del país, donde están afincadas la mayoría de las 57 universidades nacionales, salieron a las calles y a las plazas para aunar su voz en defensa de la educación y la ciencia públicas y en contra de la licuadora y la motosierra que la administración encabezada por Javier Milei aplica al sistema universitario argentina.
El fiscal Fabián Canda consideró que debía admitirse la acción de amparo interpuesta por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de obtener datos sobre la normativa que regula las misiones, funciones, estructuras y actividades de inteligencia criminal de las cuatro fuerzas de Seguridad federales.