Una organización que agrupa a inquilinos reclamó hoy que se cumpla con lo que estipula la Ley de Alquileres y denunció que las inmobiliarias no la respetan y ponen condiciones que los dejan en una situación de “absoluta vulnerabilidad”.
Argentina18 de diciembre de 2020
Sures Noticias
Se trata de la organización Inquilinos de Pie que “trabaja para poner límites a los atropellos de propietarios e inmobiliarias que se niegan a respetar la Ley de Alquileres, en vigencia desde hace seis meses”, explicó Pablo García, fundador de la organización.
En un comunicado, García señaló que varios puntos del articulado de la Ley de Alquileres “permanecen en suspenso o siguen siendo eludidos intencionalmente en perjuicio de los locatarios” y citó como casos el de las garantías, el pago por transferencia o la inscripción de los contratos en la AFIP.
“Estas anomalías demasiado frecuentes perjudican el bolsillo de las personas que alquilan, deterioran su calidad de vida y ponen en riesgo la economía familiar”, graficó.
García sostuvo que “las condiciones que imponen las inmobiliarias" dejan a los inquilinos "en una situación de absoluta vulnerabilidad, con requisitos cercanos a la estafa”.
“Inquilinos de Pie se propone generar una comunidad para hacer cumplir la ley, articular soluciones e identificar y denunciar a inmobiliarias, martilleros y colegios que atropellan nuestros derechos”, resaltó.
García invitó a los inquilinos a sumarse a https://www.facebook.com/InqDePie “para asumir la responsabilidad de defender" sus derechos y "visibilizar las principales problemáticas del sector”.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
El ex agente civil de inteligencia del Ejército falleció a los 84 años en arresto domiciliario en Mercedes, tras operar en centros clandestinos como Automotores Orletti y participar en la reunión de 2024 con diputados de La Libertad Avanza en Ezeiza.
Cámara Federal de Apelaciones frena por 60 días la privatización impulsada por Bullbarrel S.A., que planeaba un bar en el sitio de secuestros y torturas durante la dictadura. Sobrevivientes y organismos reclaman preservación como espacio de memoria histórica.
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.