HIJOS Salta denuncio que en el día de ayer, 2 de diciembre de 2020, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta otorgo un "reconocimiento" al genocida Juan de la Cruz Kairuz, en virtud de su "trayectoria deportiva" omitiendo las acusaciones que pesan sobre el por su participación como grupo de tareas de la última dictadura cívico-militar. Las instituciones de la democracia no pueden homenajear a quienes violaron el orden constitucional y cometieron crímenes contra el pueblo argentino.
Argentina03 de diciembre de 2020
Sures Noticias
Kairuz era policía y además se desempeñaba como técnico del club Atlético Ledesma de Jujuy. Comandaba un grupo de tareas que secuestraba gente en Libertador General San Martín bajo el ala protectora del ingenio azucarero Ledesma. Kairuz estuvo al frente del grupo de tareas que invadió la casa de la familia Arédez, el 13 junio de 1977, luego del secuestro de Luis Arédez. Entró vestido de civil, a punto de pistola y se llevó un montón de cosas. El daba las órdenes y sabía perfectamente lo que hacía. También hay testigos que afirman que Kairuz manejaba una de las camionetas del operativo de secuestro de Luis Aredez el 24 de marzo de 1976, denuncio HIJOS, junto a Familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas y gremiales, Asociación Lucrecia Barquet, Asociación Coca Gallardo y la Liga Argentina por los Derechos Humanos
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
El ex agente civil de inteligencia del Ejército falleció a los 84 años en arresto domiciliario en Mercedes, tras operar en centros clandestinos como Automotores Orletti y participar en la reunión de 2024 con diputados de La Libertad Avanza en Ezeiza.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
El titular de La Bancaria y diputado de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, cuestionó el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei por licuar las sentencias, permitir el pago en cuotas de las indemnizaciones y vulnerar principios constitucionales, y advirtió que los legisladores que lo acompañen serán “básicamente unos delincuentes”.
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Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.