HIJOS Salta denuncio que en el día de ayer, 2 de diciembre de 2020, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta otorgo un "reconocimiento" al genocida Juan de la Cruz Kairuz, en virtud de su "trayectoria deportiva" omitiendo las acusaciones que pesan sobre el por su participación como grupo de tareas de la última dictadura cívico-militar. Las instituciones de la democracia no pueden homenajear a quienes violaron el orden constitucional y cometieron crímenes contra el pueblo argentino.
Argentina03 de diciembre de 2020
Sures Noticias
Kairuz era policía y además se desempeñaba como técnico del club Atlético Ledesma de Jujuy. Comandaba un grupo de tareas que secuestraba gente en Libertador General San Martín bajo el ala protectora del ingenio azucarero Ledesma. Kairuz estuvo al frente del grupo de tareas que invadió la casa de la familia Arédez, el 13 junio de 1977, luego del secuestro de Luis Arédez. Entró vestido de civil, a punto de pistola y se llevó un montón de cosas. El daba las órdenes y sabía perfectamente lo que hacía. También hay testigos que afirman que Kairuz manejaba una de las camionetas del operativo de secuestro de Luis Aredez el 24 de marzo de 1976, denuncio HIJOS, junto a Familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas y gremiales, Asociación Lucrecia Barquet, Asociación Coca Gallardo y la Liga Argentina por los Derechos Humanos
El 23 de abril de 2026 comenzará en La Plata el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, en una causa que busca fijar responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado a 50 años del golpe.
El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
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La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
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